En el marco del anuncio del inicio del proceso de matrícula vehicular en el país, el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra reveló este martes una grave crisis financiera que afecta directamente al suministro de placas para la población.

Según sus declaraciones, se requieren al menos 900 millones de lempiras para cubrir el déficit actual de placas, pero el problema de fondo va mucho más allá.

El funcionario denunció públicamente que, durante administraciones anteriores, se habrían drenado más de 12 mil millones de lempiras solo en la emisión de placas, y otros 5 mil millones en recursos adicionales, sumando así un desfalco superior a los 17 mil millones de lempiras.

«Como les expliqué desde el comienzo, no podría obviar rendir cuentas sobre el drenaje que hubo en el Instituto. Este caso es de suma importancia y de seguridad nacional», expresó el secretario del IP, quien aseguró que con ese dinero se podrían haber adquirido placas suficientes para abastecer al país por más de 10 años.

¿Cómo se originó la irregularidad de los recursos del IP?

El origen del colapso financiero se encuentra, según explicó, en la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), una estructura que habría sido utilizada para desviar fondos y que desnaturalizó el propósito del Instituto, el cual es garantizar el derecho de propiedad de más de 10 millones de hondureños.

La UCP, denunció, ejecutaba funciones ajenas a su mandato como entrega de viviendas, pavimentación de calles, techado de canchas, distribución de electrodomésticos y otros beneficios sociales, acciones que, según el secretario, debieron haber sido manejadas por la Secretaría de Desarrollo Social.

El periodo señalado de esta operación irregular abarca desde 2019 hasta parte del 2024, a pesar de que, mediante el Decreto 66-2022, la presidenta Xiomara Castro ordenó la eliminación del uso de fideicomisos y, por ende, la liquidación de dicha unidad.

«Un año después de la orden presidencial fue que finalmente se liquidó la Unidad Coordinadora de Proyectos, pero aun así se siguieron suscribiendo contratos, usando ONGs, empresas de maletín y fundaciones supuestamente sin fines de lucro», señaló Bocanegra.

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¿Se investigarán estas denuncias?

Ante la pregunta sobre las investigaciones en curso, el funcionario confirmó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de todos los hallazgos. Desde su llegada al cargo, dijo, ha habido acercamientos directos con las máximas autoridades fiscales, lo que ha permitido que ya se ejecuten allanamientos, como el realizado en una bodega ubicada en la salida hacia Olancho.

Además, mencionó que existen más de 20 líneas de investigación abiertas y que hay decenas de personas involucradas, incluyendo empleados actuales del Instituto que habrían colaborado directa o indirectamente con el uso indebido de fideicomisos.

«Estamos colaborando fielmente con el Ministerio Público. Ya se han secuestrado documentos y tomado declaraciones. Uno de mis objetivos es que estos hechos delictivos no queden en la impunidad, como tristemente ha sucedido en el pasado», concluyó el secretario del IP.

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