El abogado constitucionalista Oliver Erazo se pronunció tras analizar el informe de 22 páginas presentado por el magistrado Mario Morazán ante la Unidad de Fiscalización del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Erazo calificó la conducta señalada en el informe como “inapropiada, irresponsable e ilegal”, y agregó que esta acción “sin lugar a duda violenta los principios mismos en los cuales se basa el Tribunal de Justicia Electoral, la celeridad, la transparencia y la coherencia”.

El abogado expresó su preocupación por la paralización de expedientes: “Estamos hablando de dos expedientes que, mientras tanto, se le pase el capricho o le den una nueva orden sus jefes políticos, entonces esos expedientes van a estar parados”, explicó, resaltando que estas situaciones generan incertidumbre en el sistema electoral y afectan la confianza de la ciudadanía.

Además, Erazo señaló que la denuncia de Morazán podría tener un trasfondo político: “El Ministerio Público en este momento es el brazo judicial del partido que ejerce el poder de la nación, o sea, hay una instrumentalización absoluta de algunos operadores judiciales”, advirtió, haciendo énfasis en la necesidad de que las instituciones actúen de manera independiente y conforme a la ley.

Finalmente, el abogado insistió en que este tipo de acciones podrían “causar un precedente al Tribunal de Justicia Electoral”, y subrayó que la imparcialidad y la transparencia del órgano electoral son fundamentales para garantizar la confianza de la población en los procesos democráticos.

¿Cuál es el trasfondo de todo esto?

El trasfondo de la tensión en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se relaciona con denuncias sobre presuntas irregularidades en la toma de decisiones del organismo.

El magistrado Mario Morazán presentó el pasado 9 de octubre una denuncia ante el Ministerio Público (MP), alegando que sus colegas Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona realizaron una sesión sin el quórum necesario para aprobar la suspensión del acto reclamado en los expedientes de los diputados Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo.

Durante esa misma sesión, el TJE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) detener la impresión de papeletas en Olancho y Choluteca mientras se resolvían los recursos impugnatorios.

Solicitud del MP

El MP solicitó al tribunal toda la documentación relacionada: copias certificadas de la convocatoria a sesión, expedientes de los casos, actas levantadas por el secretario general Marvin Gerardo Matamoros, así como el audio y video de la reunión y el informe de desarrollo de la sesión.

Mientras tanto, la magistrada Miriam Barahona criticó la actuación del MP: “Siguen instrumentalizando al Ministerio Público, cuánta celeridad”. El candidato presidencial Salvador Nasralla afirmó que, aunque Cálix no sea inscrito como candidato, formará parte de su gabinete si resulta electo.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recordó que ningún funcionario o poder del Estado puede condicionar la acción penal:
“El poder no otorga derecho a imponer la verdad; otorga el deber de respetar la justicia”.

Este contexto evidencia la complejidad del caso y la tensión entre los poderes electorales y judiciales del país, enmarcando la importancia de la reacción del abogado Oliver Erazo sobre la denuncia y la posible manipulación política dentro del TJE.

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