La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves (04/06/26) su primer informe oficial sobre el proceso de revisión y cierre de varias instituciones estatales suprimidas por el gobierno, revelando una serie de hallazgos que podrían derivar en investigaciones por presuntas irregularidades administrativas, financieras e incluso posibles delitos contra la administración pública.

Entre los aspectos que más preocupación generan figura la aparente utilización de recursos estatales para actividades de carácter político-partidario, según expuso el comisionado Leonel Humberto Núñez durante la presentación del informe en Tegucigalpa.

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De acuerdo con el funcionario, durante la revisión de documentación vinculada a entidades adscritas a la extinta Secretaría de Planificación Estratégica se encontraron registros relacionados con gastos en alimentación, movilización de personal, elaboración de material promocional y otras erogaciones que deberán ser analizadas por los organismos competentes para determinar si existió un uso indebido de fondos públicos.

“Encontramos situaciones que generan profunda preocupación y que requieren una investigación exhaustiva por parte de los órganos de control del Estado”, manifestó Núñez, quien aclaró que la labor de la comisión no consiste en emitir condenas ni juicios políticos, sino en documentar hechos y trasladar la información a las autoridades correspondientes.

Otro de los hallazgos señalados en el informe está relacionado con posibles deficiencias en el manejo de recursos humanos. Según la comisión, existen registros que apuntan a la permanencia de personas en planillas sin evidencia suficiente que respalde la prestación efectiva de sus servicios, situación que deberá ser sometida a investigaciones administrativas y financieras.

Asimismo, la comisión reportó la desaparición de dispositivos de almacenamiento pertenecientes al Estado. Durante las inspecciones se detectó la ausencia de discos duros internos y externos de equipos informáticos institucionales, lo que representa una preocupación adicional debido al contenido de información pública que estos equipos podrían almacenar.

Ante estos hallazgos, la Comisión Técnica Liquidadora anunció que buscará el acompañamiento de organismos como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción y organizaciones de sociedad civil para profundizar las investigaciones y establecer posibles responsabilidades.

Hallazgos en informe de Comisión Técnica Liquidadora

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En paralelo, Ángel Antonio Mendoza, también comisionado, destacó avances en el proceso de liquidación de las instituciones eliminadas. Informó que ya se ha pagado más del 95 % de las prestaciones laborales pendientes, equivalentes a más de 121 millones de lempiras.

Además, aseguró que la supresión de varias dependencias estatales ha generado un ahorro anual superior a los 35 millones de lempiras en concepto de alquileres y permitió la redistribución de más de 5,000 bienes estatales valorados en cerca de 39 millones de lempiras hacia instituciones como Salud, Educación, Finanzas y Defensa.

La comisión sostuvo que las investigaciones continúan y advirtió que cualquier hallazgo adicional será remitido a los operadores de justicia para que determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.