El comisionado presidente de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Fernando García, se pronunció respecto al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucionales dichas zonas.

García calificó esta decisión como un paso significativo hacia la recuperación de la soberanía hondureña e instó al Ministerio Público a tomar acciones contra los ex ministros, ex diputados y actuales legisladores que estuvieron involucrados en los acuerdos ejecutivos relacionados con las ZEDE.

El comisionado también subrayó la importancia de estudiar detenidamente los alcances de la sentencia. «Estamos totalmente de acuerdo con la sentencia, aunque debemos analizarla con detalle, palabra por palabra, ya que tiene implicaciones no solo para el Estado de derecho en Honduras, sino a nivel global», expresó García.

Añadió que la decisión representa un freno a aquellos que buscan transformar los Estados-nación en ciudades libres y autónomas.

Además, destacó que el Ministerio Público tiene la facultad de actuar de oficio para investigar y procesar a los responsables, sugiriendo que, en algunos casos, los involucrados podrían enfrentarse a cargos de traición a la patria, un delito imprescriptible según la Constitución hondureña.

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Reacciones de expertos y la defensa de la Constitución

Diversos expertos en derecho constitucional coinciden en que el fallo del Poder Judicial es un triunfo para la integridad territorial y la soberanía de Honduras.

Han exhortado a la Procuraduría General de la República a preparar los elementos necesarios para enfrentar la demanda que las ZEDE presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Un economista, Edwin Sandoval, expresó: «Este es un momento de alegría para los hondureños, ya que estábamos en riesgo de perder nuestra soberanía e integridad territorial. Este fallo devuelve el imperio de la Constitución, asegurando que Honduras continúe siendo una república soberana y democrática, como lo establece nuestra Carta Magna».

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Además, añadió que el país tiene una sólida base legal para defenderse en los tribunales internacionales, amparado en la reciente declaratoria de nulidad de las ZEDE.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia ha sido visto como un hito en la lucha por preservar el Estado de derecho en Honduras, y se espera que marque un precedente importante en la defensa de la soberanía nacional frente a proyectos de privatización y autonomía.