El manejo del controvertido «fondo social» por parte de diputados del Congreso Nacional vuelve a levantar críticas, esta vez por su supuesto uso en campañas políticas, en lugar de ser destinado a ayudas humanitarias como originalmente fue concebido.

Expertos advierten que los fondos asignados a los congresistas provienen directamente de los impuestos que pagan los ciudadanos hondureños.

“A través del pago de bienes y servicios, lo que en realidad estamos haciendo es financiando las campañas políticas de diputados y diputadas. Lo que no va a proselitismo, se drena en corrupción”, señala el economista, Ismael Zepeda.

Listado de diputados

La polémica se avivó luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, revelara una extensa lista de diputados que han gestionado millones en recursos públicos, presuntamente con fines sociales.

Sin embargo, gran parte de los proyectos gestionados por los parlamentarios no tienen respaldo documental ni técnico, lo que ha generado serias dudas sobre su verdadera ejecución.

Para diversos sectores, este es un recordatorio de que el Congreso Nacional debe limitarse a su rol constitucional de legislar.

“El Congreso no debe administrar fondos públicos, ni asumir funciones propias de las secretarías de Estado. Ya son tres años y medio de una parálisis legislativa casi total”, cuestiona, Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ.

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Oficialismo dice que si se ejecutan proyectos sociales

Desde el oficialismo, se reconoce que los fondos provienen de los impuestos de la población, pero se insiste en que estos se ejecutan en proyectos sociales reales, y que las denuncias recientes forman parte de una campaña de desprestigio electoral.

“No podemos negar que los fondos públicos provienen de los impuestos, pero estos se destinan al desarrollo comunitario”, sostuvo el sociólogo, Wilfredo Serrano.

En el marco de los recientes análisis sobre el uso de fondos públicos, los entes fiscalizadores han abierto una investigación para determinar si existieron irregularidades en su ejecución. Uno de los casos más relevantes es el de los cheques de Sedesol, que involucra a una diputada y derivó en la renuncia del ministro José Carlos Cardona.

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