La decisión del Congreso Nacional de no extender el plazo para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha generado fuertes críticas entre analistas políticos y expertos electorales, quienes consideran que dicha acción pone en riesgo el cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones del 30 de noviembre.

El analista político Octavio Pineda calificó la determinación como “inconstitucional” y advirtió que tanto el titular del Ejecutivo como su junta directiva podrían haber incurrido en delitos al obstruir la moción presentada por bancadas opositoras.

Pineda citó el artículo 544 del Código Penal, que establece sanciones para quienes retrasen el proceso electoral, y cuestionó la negativa del presidente del Congreso Nacional de permitir la discusión del tema en sesión plenaria.

Otras opciones al TREP

Otros especialistas señalaron que, aunque el TREP es fundamental para garantizar la transparencia de los resultados, aún existen mecanismos alternativos que podrían ser implementados si se actúa con celeridad y voluntad política.

Asimismo, apuntaron que cualquier empresa contratada requerirá tiempo suficiente para desarrollar el sistema técnico necesario antes de la jornada electoral.

La situación ha desatado señalamientos entre fuerzas políticas, con acusaciones sobre la falta de apertura en el Congreso y la obstrucción sistemática de iniciativas de ley, particularmente por parte del presidente legislativo Luis Redondo. Algunos analistas atribuyen la crisis actual tanto al oficialismo como a la oposición, por haber permitido —según ellos— una dirección parlamentaria sin consensos ni diálogo.

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