Las políticas migratorias de deportaciones del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, se han endurecido de forma drástica, generando preocupación internacional por las implicaciones en derechos humanos.

Aunque las cifras de deportaciones de Estados Unidos hacia Honduras aún no alcanzan niveles alarmantes, expertos advierten que la situación podría empeorar de manera significativa en los próximos meses.

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Hasta la fecha, se estima que alrededor de 10,500 hondureños se han retornado este año, una cifra que, si bien es considerable, está lejos de los pronósticos iniciales. Sin embargo, tanto organizaciones de derechos humanos como líderes religiosos y sociales han alertado sobre un inminente aumento en los procesos de repatriación.

Manifestaciones masivas han comenzado a tomar fuerza en varias ciudades de EE. UU., como respuesta a estas políticas restrictivas y a otras medidas económicas implementadas por la administración Trump, entre ellas la imposición de aranceles a países latinoamericanos.

Voces especializadas advierten que entre junio y julio podría registrarse un repunte histórico en las deportaciones de migrantes hondureños.

El posible retorno de miles de compatriotas plantea un desafío enorme para Honduras, especialmente en lo social y económico. El impacto directo se refleja en la reducción de remesas, una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias hondureñas.

Crisis en Honduras por deportaciones de los Estados Unidos

De concretarse la deportación de los 261,000 connacionales que supuestamente figuran en listas de expulsión, el país enfrentaría una crisis con repercusiones devastadoras.

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Analistas coinciden en que el Estado debe diseñar con urgencia estrategias que permitan amortiguar los efectos de este fenómeno, ofreciendo alternativas reales de reintegración a quienes se verán forzados a regresar.

Sin una respuesta oportuna, el escenario podría escalar hacia una catástrofe humanitaria sin precedentes.