El gobierno de Estados Unidos enfrenta una demanda por la muerte de Anadith Tanay Reyes Álvarez, una niña de ocho años de familia hondureña, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La querella fue interpuesta por organizaciones civiles que denuncian negligencia médica y múltiples fallos institucionales que, aseguran, derivaron en un fallecimiento que pudo haberse evitado.

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La demanda por homicidio culposo fue presentada por las agrupaciones Haitian Bridge Alliance y The Texas Civil Rights Project, en representación de la familia de la menor.

El documento legal exige una indemnización y señala que la CBP ignoró reiteradas solicitudes de atención médica urgente por parte de la madre de la niña.

Anadith, quien nació en Panamá pero era de ascendencia hondureña, fue detenida junto a sus padres y hermanos mayores en las instalaciones de la CBP en Harlingen, Texas, el 14 de mayo de 2023. Durante los tres días que permanecieron en custodia, la madre alertó en al menos nueve ocasiones sobre los síntomas de su hija, que incluían fiebre, náuseas, dolor abdominal y dificultades respiratorias.

Durante el velatorio de Anadith Tanay Reyes. (Foto: AP)

El día de su muerte, el 17 de mayo, la niña fue vista por una enfermera practicante en cuatro ocasiones, pero nunca fue trasladada a un centro médico especializado. Según informes oficiales, solo hasta que su estado se agravó se tomó la decisión de llevarla a un hospital, pero para entonces ya era demasiado tarde.

Un informe independiente de un monitor federal que supervisa las condiciones de detención de menores migrantes concluyó que la muerte de Anadith fue resultado de «una serie de fallas evitables». Esta evaluación coincide con la denuncia de las organizaciones, que cuestionan profundamente la capacidad del sistema migratorio estadounidense para proteger la vida y la salud de los niños bajo su custodia.

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“Exigimos responsabilidad y transparencia a una agencia que ha fallado a demasiadas personas”, expresaron las organizaciones demandantes, recalcando que no es un caso aislado.