El exdiputado por el Partido Liberal, Midence Oquelí Martínez Turcios, enfrenta una posible condena de 30 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable en agosto de 2024 por delitos vinculados al tráfico de drogas y actos de violencia.

Su defensa, por su parte, solicitó solo 12 años, argumentando que se “exagera la gravedad de su delito” y que Martínez Turcios actuó como subordinado dentro de la organización criminal.

Petición de sentencia y argumentos de la fiscalía

Actualmente, Martínez Turcios espera su sentencia, que fue aplazada a petición de su defensa para garantizar la presencia de un intérprete y disponer de tiempo suficiente para revisar la recomendación de la Fiscalía.

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Mientras su defensa solicitó 12 años de prisión, la Fiscalía de Nueva York pidió 360 meses, equivalentes a 30 años, destacando que el acusado participó en asesinatos, secuestros y torturas, además de colaborar en una conspiración internacional de tráfico de cocaína que involucró violencia y corrupción.

“Es difícil comprender cómo un acusado que participó en múltiples asesinatos y tráfico de drogas a gran escala merece una pena menor”, indicó la Fiscalía, agregando que Martínez Turcios se coludió con políticos y narcotraficantes hondureños para proteger sus intereses, apoyando incluso a Óscar Nájera, candidato a la presidencia del Congreso.

Conexión con Los Cachiros y antecedentes criminales

Martínez Turcios, familiar de Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, líderes del cártel de Los Cachiros, fue reclutado tras el asesinato de un hermano de los Rivera Maradiaga en 2003.

Como diputado y militar, lideró hombres armados, entrenó sicarios de la MS-13 y supervisó cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, recibiendo pagos por cada envío y financiamiento para sus campañas políticas.

Entre 2009 y 2014, facilitó el lavado de dinero a través de empresas de fachada, involucró jueces, abogados y políticos, y estuvo vinculado en al menos seis asesinatos, incluyendo los de periodistas y funcionarios públicos que se interpusieron a sus operaciones. Su historial también incluye secuestros y torturas de miembros de bandas rivales.

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Impacto y relevancia del caso

Este caso no solo evidencia la magnitud de la corrupción y el narcotráfico en Honduras, sino que también resalta la cooperación entre políticos y cárteles para proteger intereses ilícitos. La sentencia definitiva determinará el alcance de la justicia internacional sobre crímenes de alto impacto en el país.