En medio de un clima político cada vez más tenso, diversos sectores de la sociedad han alzado la voz para exigir al Ministerio Público que investigue de forma inmediata y de oficio las denuncias sobre un presunto plan antidemocrático que buscaría desestabilizar el proceso electoral en Honduras.

Las alertas se encendieron tras la confrontación pública entre la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosvelth Hernández.

Esta disputa ha generado preocupación en la ciudadanía y en actores políticos, quienes consideran urgente esclarecer la situación y garantizar la transparencia en el proceso rumbo a las próximas elecciones generales.

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Mientras tanto, desde el oficialismo, militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) han rechazado las acusaciones, asegurando que no existe ningún plan para sabotear la democracia. Por el contrario, señalan a la oposición como responsable de fomentar un ambiente de caos e incertidumbre.

La demanda social ahora está en manos del Ministerio Público, llamado a actuar con prontitud y objetividad ante una situación que podría tener implicaciones serias para la estabilidad democrática del país.

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