Exdirector de Copeco, Gabriel Rubí, irá a juicio oral y público por presunto fraude en compras durante la pandemia de Covid-19
La Corte de Apelaciones de Honduras ha admitido un recurso presentado por el Ministerio Público y ordenó que el exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, se presente a un juicio oral y público.
El proceso se deriva de las investigaciones sobre presuntas compras irregulares realizadas durante la pandemia de Covid-19, específicamente ventiladores y percoladoras adquiridas con un valor aproximado de 63 millones de lempiras.
Según la Fiscalía, los ventiladores entregados en aquel momento estaban incompletos y las adquisiciones se realizaron de manera sobrevalorada, lo que constituye indicios de fraude y violación de deberes de los funcionarios.
Otros implicados
El caso no solo involucra a Rubí, sino también a otros exfuncionarios públicos que habrían participado en las compras irregulares. Entre ellos figuran Patricia Paz, Junior Alexander Benítez y Pedro Antonio Núñez, quienes ya enfrentan medidas judiciales por su presunta participación en el fraude.
La resolución de la Corte marca un paso decisivo en la lucha contra la corrupción vinculada a la gestión de la emergencia sanitaria, considerada uno de los episodios más críticos de la administración pública en los últimos años.
Expertos en derecho constitucional han señalado que este juicio representa uno de los procesos institucionales más delicados de la última década, pues se trata de evaluar responsabilidades en el manejo de recursos destinados a salvar vidas durante la crisis sanitaria.
Subrayan que el juicio debe garantizar el debido proceso y evitar que se convierta en un mecanismo de persecución política.
Ministerio Público no apelará cambio de medidas a Gabriel Rubí por caso de ventiladores
Pruebas de la Fiscalía
El Ministerio Público sostiene que las irregularidades detectadas afectaron directamente la capacidad de respuesta del sistema de salud en plena pandemia, lo que agravó la situación de hospitales y pacientes
La decisión de la Corte de Apelaciones refuerza el mensaje de que los actos de corrupción en la gestión de emergencias no quedarán impunes.









