Las autoridades han anunciado la emisión de una notificación roja contra Lisandro Rosales, excanciller de Honduras, en el marco del caso de los ventiladores mecánicos. Esta solicitud se ha dirigido a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con el objetivo de facilitar su localización y posible arresto.

Las autoridades han emitido una notificación roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para la captura de Lisandro Rosales, quien se desempeñó como excanciller durante la administración de Juan Orlando Hernández.

El Ministerio Público lo acusa de varios delitos, incluyendo fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en relación con la compra de ventiladores mecánicos que llegaron incompletos y sin los accesorios necesarios para su uso, lo que impidió la atención adecuada a pacientes durante la pandemia de COVID-19.

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Además de Rosales, el ente acusador ha presentado cargos contra otros exfuncionarios, incluyendo a Gabriel Rubí, exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quien se encuentra actualmente privado de libertad en Tamara.

También están implicados la excónsul de Honduras en Nueva York, Jessica Canahuati, así como otros exfuncionarios Protección Civil, como Cristian Santelí, Clara Trejo y Alexis Peña. A Trejo y Peña los capturaron el 23 de septiembre.

Caso Lisandro Rosales

El caso se centra en las irregularidades cometidas durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández (2018-2022), quien fue sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por vínculos con el narcotráfico.

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Según el Ministerio Público, los seis exfuncionarios habrían manipulado el proceso de adquisición de los ventiladores, realizando transferencias bancarias sin la debida documentación y omitiendo la recepción oficial de los dispositivos a través de actas de entrega.

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«Mientras la población sufría y miles de hondureños morían asfixiados en los hospitales, los acusados llenaban sus cuentas bancarias con dinero. Un dinero manchado de sangre y lágrimas», afirmó el Ministerio Público.

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Actualmente, los ventiladores continúan almacenados en las bodegas de los centros sanitarios estatales, ya que no son aptos para atender a pacientes con COVID-19.