“Esto está fuera de todo contexto jurídico”: Germán Lobo sobre proceso contra magistrados
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ha programado la audiencia de declaración de imputado contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez, acusados por el delito de prevaricato judicial.
La diligencia se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre de 2025 a las 2:00 p.m., según informó la Secretaría Designada del Poder Judicial.
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Ante esta citación, el abogado Germán Lobo dijo que las actuaciones del Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) están “fuera de contexto jurídico”, al asegurar que los funcionarios de ese órgano tienen las mismas prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según explicó, la Constitución de la República establece en su artículo 234 que los altos funcionarios, como los magistrados del TJE, solo pueden ser suspendidos mediante un juicio político en el Congreso Nacional. Tras esa suspensión, el MP estaría habilitado para actuar penalmente en su contra si existiera un requerimiento fiscal.
“Lo más prudente y legal sería que, con base en ese artículo, el Congreso aplique el juicio político. Solo así podrían ser suspendidos y permitir que el Ministerio Público proceda”, señaló.
¿Contra quién puede actuar el MP?
El abogado remarcó que el MP únicamente puede actuar directamente contra un magistrado cuando se trata de un delito común no relacionado con sus funciones. Pero si el hecho está vinculado al ejercicio del cargo, el procedimiento debe pasar por el Congreso.
También enfatizó que la actual actuación del MP podría sentar un precedente negativo para el sistema judicial del país. “Si esto procede, cualquier magistrado de la Corte Suprema podría ser perseguido por dictar una sentencia que no guste. Eso debilitaría las instituciones y el sistema jurídico de Honduras”, puntualizó.
Podrían girar órdenes de captura
Respecto a la audiencia de declaración de imputados programada para el 18 de noviembre, indicó que la citación establece que, si los magistrados no se presentan, se podrían girar órdenes de captura.
Sin embargo, afirmó que desde el inicio la Corte Suprema de Justicia debió declarar inadmisible el requerimiento fiscal por no respetar el procedimiento constitucional.
Congreso Nacional debe revisar la denuncia
El abogado insistió en que el TJE es la última instancia en materia electoral y que cualquier denuncia contra sus magistrados debe ser conocida primero por el Congreso Nacional, que es quien los eligió.
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