Sociedad civil exige justicia en caso de magistrados del TJE

Sociedad civil exige justicia en caso de magistrados del TJE acusados de prevaricato: “Es importante que se sigan los procedimientos”

13 de noviembre de 2025Elecciones 2025, Nacionales, ON, Titulares, Videos

Diversos sectores de la sociedad civil hondureña se han pronunciado en torno al proceso judicial que involucra a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, acusados por el Ministerio Público del delito de prevaricato judicial.

Durante una transmisión en vivo de Once Noticias Vespertinos, Javier Acevedo, representante de sociedad civil expresó: “Es importante que se sigan los procedimientos, y parece que en este caso particular los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no siguieron en su momento los procedimientos que manda la ley procesal electoral, y eso acarrea responsabilidad.”

Añadió que es fundamental que los implicados “asuman las consecuencias de los actos que desarrollamos” y que presenten las pruebas necesarias para defender su posición frente al requerimiento fiscal.

¿Por qué enfrentan la justicia los magistrados del TJE?

El caso se originó por resoluciones emitidas por los magistrados en el caso de la inscripción de candidaturas en la zona sur del país, específicamente relacionadas con Christian Villalobos y Jorge Cálix, lo que generó controversia por haberse constituido un pleno con solo dos magistrados, contraviniendo la normativa vigente.

Acevedo agregó: “Realmente esto no debería haber ocurrido. El Tribunal de Justicia Electoral tuvo la posibilidad de manejar este asunto particular de manera correcta y nos evitaríamos esto.”

Y el representante de la sociedad civil fue enfático al señalar: “Lo que no podemos, y yo creo que no hay manera de justificar, es que pretendamos amparar impunidad por la existencia de un proceso electoral en marcha.”

 

 

 

Fiscalía defiende su proceso

El Ministerio Público ha defendido la legalidad de su actuación, afirmando que "no persigue personas, sino delitos", y que el requerimiento está debidamente fundamentado con pruebas documentales y testificales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su parte, ha asignado el expediente a su presidenta, Rebeca Ráquel Obando, en cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad.

Hasta el momento, los magistrados no se han pronunciado públicamente. Según fuentes cercanas a su defensa, "están trabajando en la estrategia legal y pronto darán respuesta sobre si aceptan las medidas y se presentarán ante las autoridades competentes."