Han pasado casi cuatro años desde que la joven hondureña Angie Samantha Peña Melgares desapareció en la paradisíaca isla de Roatán, Caribe de Honduras, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

El caso, ocurrido el 1 de enero de 2022, sigue generando preguntas abiertas y un profundo sentimiento de impunidad en la sociedad hondureña.

La joven, de 22 años, viajaba a Roatán para celebrar el Año Nuevo cuando decidió dar un paseo en jetski desde la playa de West Bay. Testimonios recopilados en los primeros días de la investigación indican que Angie se separó de su acompañante tras dejar al guía turístico en el punto de partida, para posteriormente desaparecer sin dejar rastro.

Intensos esfuerzos de búsqueda sin resultados definitivos

Desde su desaparición, autoridades hondureñas desplegaron la mayor operación de búsqueda combinada por mar, aire y tierra en la historia del país. Equipos de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, bomberos, guardacostas, la Dirección Policial de Investigaciones y otros cuerpos participaron en el rastreo en torno a Roatán y áreas aledañas, sin encontrar evidencia concluyente sobre su destino.

La Interpol emitió una alerta amarilla en 195 países para ampliar el alcance de la búsqueda, sin que se tenga confirmación de avistamientos o localización de Angie.

A finales de enero de 2022, su jetski y un arete fueron hallados en aguas cercanas a Belice, pero tampoco permitieron avanzar en esclarecer su desaparición.

A pesar de que evidencia recogida, como el jetski y pertenencias, fue enviada para análisis pericial, las autoridades no han publicado resultados definitivos de esos estudios.

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Investigación y vínculos con una red criminal

Una de las líneas de investigación más fuertes apunta a una estructura criminal conocida como “Delta Teams”, que operaba en la zona de Roatán y que estaría vinculada a delitos de trata de personas, pornografía infantil y prostitución de menores.

El Ministerio Público (MP) ha presentado pruebas, como vaciados telefónicos y escuchas, que supuestamente relacionan a miembros de esta organización con el caso. El MP ha acusado formalmente a varios individuos, entre ellos Harold Joseph Green, William James Murdock y Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes fueron detenidos judicialmente en 2024 por su presunta participación en la red implicada en el caso Peña.

Además, fiscales han señalado que parte de la evidencia sugiere que la víctima fue vendida dentro de la organización por sumas entre 10 000 y 20 000 dólares, según el requerimiento fiscal presentado.

No obstante, este vínculo con la desaparición no ha sido aceptado de forma unánime. Autoridades policiales han señalado que, hasta el momento, no existe evidencia directa que relacione a los detenidos con la desaparición de Angie, aunque reconocen que la investigación continúa abierta.

Informes independientes y medios internacionales han señalado también que la red investigada habría contado con la solidaridad de algunos funcionarios judiciales y policiales, lo que habría obstaculizado el avance de la investigación en sus primeras etapas, según testimonios publicados por medios como Infobae.

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Familia y sociedad reclaman justicia y respuestas

La familia de Angie Peña ha mantenido un claro reclamo de justicia y respuestas por parte del Estado hondureño. Incluso organizaciones internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han instado al gobierno a reactivar las pesquisas y crear mecanismos que permitan encontrar a la joven.

A dos años de la desaparición, la madre de Angie afirmó que no habían recibido una respuesta clara por parte de las autoridades, pese a los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos para mantener el caso vivo.

La Policía Nacional también ha ofrecido recompensas de hasta 500 mil lempiras a quienes proporcionen información veraz que conduzca a localizar a Angie, reflejando la persistencia de las autoridades en mantener activa la investigación.

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El caso sigue sin resolverse y mantiene vigilante a Honduras

A casi cuatro años de aquel día en que Angie Peña salió a navegar en una moto acuática en Roatán, el misterio y la impunidad siguen marcando este caso que conmovió a la población hondureña. Sus familiares, amigos y amplios sectores de la sociedad continúan esperando respuestas claras que permitan cerrar uno de los capítulos más dolorosos y mediáticos de desapariciones en el país.