La reciente liberación de un sospechoso capturado con armamento de alto poder ha encendido las alarmas dentro de las autoridades antidrogas, generando cuestionamientos directos hacia el sistema judicial hondureño. El caso, ocurrido en Olancho, ha sido duramente criticado por el director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el general Ramiro Muñoz.

El funcionario reaccionó con firmeza luego de que un juzgado otorgara medidas sustitutivas a José Paguada Gómez, quien había sido detenido en una operación considerada de gran alcance. Entre las disposiciones impuestas figuran la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y el pago de una multa, pese a la evidencia encontrada durante su captura.

Lea También: Asesinan a dos mujeres en Choloma, Cortés; Honduras suma 63 feminicidios en lo que va de 2026”

De acuerdo con las investigaciones, al imputado se le decomisaron 36 armas de fuego, muchas de ellas de uso restringido y con silenciadores. Para Muñoz, estos elementos debieron ser suficientes para justificar una medida de mayor rigor.

El caso se desprende de una ofensiva coordinada por el Ministerio Público (MP) que abarcó los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. En dicha operación se logró el aseguramiento de decenas de propiedades, vehículos y productos financieros, en acciones dirigidas a golpear estructuras vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Sin embargo, la resolución judicial ha generado preocupación dentro de las autoridades, que consideran que este tipo de decisiones pueden debilitar el impacto de los operativos. Muñoz enfatizó que detrás de cada acción hay meses de trabajo técnico, inteligencia y coordinación interinstitucional que no pueden quedar sin efecto.

El director de la DLCN también deslizó la posibilidad de que factores externos hayan influido en la decisión judicial. Señaló que, aunque es consciente de los riesgos que enfrentan los operadores de justicia, existen mecanismos legales para protegerlos sin comprometer el proceso.

“Esto no es posible, ¿dónde queda el trabajo de todos? Estoy claro de las amenazas a las que pudo o es sometida la juez que lleva el caso, pero los operadores de justicia tenemos que amarrarnos los pantalones, no hagamos lo más fácil, dejar en libertad a alguien que insulta la el estado de derecho del país”, indicó Ramiro Muñoz.

Asimismo, advirtió que este tipo de resoluciones envían un mensaje equivocado a las estructuras criminales, al tiempo que erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Lea También: CSJ admite recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Johel Zelaya

Ramiro Muñoz aseguró que las acciones contra el crimen organizado continuarán y que no se dará marcha atrás en la lucha contra estas estructuras. El caso vuelve a poner sobre la mesa los retos que enfrenta el país en materia de justicia y seguridad, en un contexto marcado por la presión del narcotráfico.