El juez de letras designado dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión para los implicados en el caso Sedesol, manteniendo la suspensión del cargo para la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo.

Según el juez, las medidas adoptadas son pertinentes, proporcionales e idóneas para el desarrollo del proceso.

Para la diputada Cuéllar Erazo, se mantiene la suspensión temporal de sus funciones, mientras que para José Carlos Cardona, Eleni Cassandra Galeas, Ilsy Valesca Baquedano, Renier y Fabricio Lazzaroni, Rosy Yanira Martínez, Jennifer Martínez Suazo, Luis Manuel Fernández, Eliud Aguilar Pineda, Iris Paola Pérez, José Manuel Cerrato y Mirza Sánchez Maradiaga se revoca el arresto domiciliario.

Obligaciones y restricciones para los acusados

Los implicados deberán cumplir las medidas descritas en el artículo 173 del Código Penal, que incluyen: presentar informes quincenales a sus equipos de defensa ante el juez, firmar cada lunes en la Corte Suprema de Justicia o, en casos específicos, en los juzgados de Santa Rosa de Copán y Olancho.

Además, se prohíbe salir del país y acercarse a los supuestos beneficiarios, instituciones o involucrados en el caso.

El tribunal informó a las partes procesales que tienen un plazo de tres días hábiles para interponer el recurso de apelación correspondiente.

Estas medidas buscan garantizar el desarrollo del proceso sin recurrir a la prisión preventiva, asegurando al mismo tiempo el seguimiento judicial y la transparencia del caso.

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Fiscalía describe presunta estructura coordinada desde Sedesol para el manejo irregular de fondos

De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la presunta estructura para el desvío de fondos habría sido coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Las autoridades señalan que el exministro José Carlos Cardona habría conformado un comité técnico integrado por funcionarios de la institución, el cual se encargaba de ejecutar el manejo de los recursos asignados.

Según las investigaciones, la diputada Isis Carolina Cuéllar, en su condición de congresista, habría gestionado ante el Congreso Nacional la asignación de 6.5 millones de lempiras y propuesto que Sedesol actuara como unidad ejecutora de los fondos.

Las autoridades sostienen que la legisladora seleccionó a 67 supuestos beneficiarios de ayudas sociales, entre quienes habría empleados públicos, personas vinculadas a empresas privadas y aspirantes a cargos políticos, lo que contravendría la naturaleza de estos recursos.

Asimismo, las autoridades indican que la diputada habría coordinado a sus asistentes para trasladar a las personas a quienes se emitían los cheques, gestionar el cambio de los mismos y posteriormente entregar el dinero.

Estas acciones, según la Fiscalía, formarían parte del mecanismo utilizado para ejecutar el presunto fraude investigado en el caso Sedesol.