Decreto aprobado por el poder Legislativo para “destrabar” el CNE divide criterio jurídicos y políticos
Tras la aprobación del decreto transitorio para destrabar el Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha encendido nuevamente el debate político y constitucional en el país.
Diversos juristas han advertido sobre la necesidad de evitar decisiones que alimenten intereses partidarios dentro del órgano electoral, señalando que lo que realmente se requiere es confianza democrática e institucionalidad permanente, más allá de medidas temporales que podrían resultar riesgosas.
Otros sectores jurídicos sostienen que la propuesta puede ser válida si busca garantizar la operatividad del CNE y evitar una crisis institucional, siempre y cuando se respete el marco constitucional y los procedimientos establecidos por la ley.
Voces criticas
Coinciden en que los institutos electorales son fundamentales para la defensa de la democracia, pues representan el único momento en que la ciudadanía puede expresar su respaldo o inconformidad hacia las autoridades y candidatos.
No obstante, también surgen voces críticas que advierten que el país podría repetir escenarios del pasado, donde decisiones políticas respondían más a intereses de grupos que al cumplimiento estricto de los estatutos democráticos.
Para algunos analistas, aunque el decreto busca destrabar las funciones del CNE, será en los próximos meses cuando se evidencie si su verdadero objetivo es fortalecer la institucionalidad o favorecer intereses particulares.
Puntos clave del decreto aprobado
- El Decreto Especial de Régimen Transitorio y Excepcional de Quórum Mínimo permitirá al CNE sesionar con dos consejeras propietarias y un suplente, únicamente para tomar decisiones de carácter administrativo.
- La medida busca superar la parálisis administrativa del órgano electoral tras la destitución de un consejero y la renuncia de suplentes, lo que había dejado incompleta su integración.
- El decreto tiene carácter temporal y restrictivo, y no podrá aplicarse para declaratorias de resultados, nulidades electorales ni decisiones sobre material electoral.
- Fue aprobado por mayoría en el Congreso, pero sin el respaldo del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados realizaron protestas dentro del hemiciclo.
- Según la comisión dictaminadora, el objetivo es garantizar la continuidad institucional del CNE y evitar una crisis que afecte la estabilidad democrática del país.











