La Corte de San Francisco, California, resolvió este lunes cancelar de manera inmediata el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, confirmó la secretaria del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem.

En su cuenta de X, Noem calificó la decisión como «una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos», y aseguró que durante administraciones anteriores se había abusado del TPS para permitir el ingreso de individuos considerados una amenaza a la seguridad nacional.

La funcionaria explicó que el TPS nunca fue diseñado para ser un programa permanente, y señaló que, dada la mejora de la situación en los países afectados, la decisión de cancelar el estatus temporal es «una conclusión sabia de lo que debía ser una designación temporal».

Con esta decisión, el futuro legal de los beneficiarios actuales del TPS queda en incertidumbre mientras las autoridades estadounidenses implementan los procedimientos para su retiro efectivo.

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Antecedentes del caso: fallo y apelación sobre TPS

El 31 de diciembre de 2025, un tribunal federal del Distrito Norte de California dictó una sentencia que consideró ilegal la terminación del TPS para hondureños, nicaragüenses y nepaleses, y extendió automáticamente las autorizaciones de trabajo y protección contra deportación mientras continuaba la disputa legal.

Sin embargo, el gobierno invocó mecanismos legales para “congelar” la aplicación de esa sentencia mientras se resuelve la apelación en un tribunal superior. La decisión de la Corte de Apelaciones permitirá que la administración mantenga la posibilidad de poner fin al TPS en el futuro, incluso mientras continúa el proceso legal.

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Qué significa para hondureños amparados bajo el TPS

El TPS es un programa migratorio de Estados Unidos creado en 1990 para otorgar protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales o condiciones que impiden un retorno seguro. Éste fue aprobado para Honduras en 1998 tras el paso del huracán Mitch.

Miles de hondureños inscritos en este programa permanecen en Estados Unidos con autorización de empleo legal y protección contra la deportación gracias a la orden judicial que bloqueó la cancelación del TPS. Hasta que la apelación no sea resuelta de manera definitiva por la Corte de Apelaciones, la cancelación no podrá entrar en vigor y los beneficiarios seguirán bajo el estatus legal actual.

 

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