La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia contra Ebal Jair Díaz Lupián, exfuncionario hondureño, por un incremento patrimonial no justificado que asciende a más de 32 millones de lempiras.

Según la resolución, Díaz Lupián no pudo justificar el origen legal de L 32,537,274.30, por lo que se ordenó la privación de dominio de L 7,045,098.24, suma que logró ser asegurada por las autoridades. Sin embargo, aún queda pendiente recuperar L 25,492,176.06.

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El fallo también rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exfuncionario y confirmó la sentencia emitida el 29 de octubre de 2024 por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

El análisis financiero abarcó el periodo entre 2017 y 2022 y reveló que Díaz manejó millonarias sumas de dinero sin justificación de origen. Según el juez de Letras, el exfuncionario gestionó múltiples cuentas bancarias, de las cuales al menos siete se mantenían activas durante los años evaluados. En dichas cuentas se localizaron fondos cuya procedencia no pudo ser demostrada legalmente.

Los magistrados de segunda instancia argumentaron que “la protección constitucional al derecho de propiedad no aplica cuando los bienes han sido adquiridos mediante actividades ilícitas o representan una lesión a bienes jurídicos”. Indicaron además que la figura de privación de dominio busca proteger el interés público, restituir el orden social y evitar el enriquecimiento derivado de actividades ilegales.

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Finalmente, la resolución destaca que el Estado hondureño está plenamente facultado para privar el dominio de bienes obtenidos ilícitamente o que hayan sido usados para fines delictivos.