Un presunto manejo irregular de fondos públicos de administración de bienes incautados en Honduras; esta fue la amenaza del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), desde donde se presentó una denuncia contra el exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), el abogado Marco Antonio Zelaya, por un supuesto esquema de movilización irregular de recursos que superaría los 25 millones de lempiras.

De acuerdo con la investigación expuesta por la directora del CNA, Gabriela Castellanos, el caso involucra operaciones financieras realizadas dentro de sociedades mercantiles bajo administración estatal en 2022, donde también se señala a la funcionaria Andrea Carolina Zavala por su supuesta participación en la gestión administrativa.

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Castellanos afirmó que el CNA detectó movimientos de aproximadamente 26 millones de lempiras sin controles institucionales adecuados, lo que calificó como una práctica que compromete la integridad del manejo de recursos públicos. Según su exposición, una de las empresas incautadas habría solicitado inicialmente un “préstamo puente” por 25 millones de lempiras a la OABI en diciembre de 2024, solicitud que posteriormente fue modificada internamente bajo una figura no contemplada en la normativa institucional.

El cambio de denominación a “apoyo financiero temporal”, según el CNA, habría permitido omitir controles legales y técnicos, facilitando la autorización de desembolsos sin la debida supervisión. Posteriormente, se habría registrado un desembolso adicional de un millón de lempiras, elevando el monto total a 26 millones, sin que existiera, según la denuncia, respaldo técnico suficiente.

El organismo anticorrupción sostiene además que los fondos no han sido reintegrados a la OABI, lo que mantiene abierto el cuestionamiento sobre la recuperación de recursos estatales. El CNA también advirtió que este tipo de prácticas podría generar responsabilidades legales futuras en caso de resoluciones judiciales que ordenen la devolución de bienes o valores administrados.

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Respuesta de Marco Zelaya

En respuesta a las acusaciones, Marco Antonio Zelaya rechazó los señalamientos y afirmó que se trata de una “persecución política”. El exfuncionario aseguró que la denuncia forma parte de una estrategia dirigida contra quienes participaron en la administración del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, y responsabilizó indirectamente al actual entorno político vinculado al nacionalista Nasry Asfura Zablah.

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Zelaya sostuvo que las decisiones tomadas durante su gestión se realizaron bajo dictámenes técnicos, financieros y legales, y afirmó que existen expedientes que respaldarían los procedimientos cuestionados. Asimismo, defendió la legalidad de los préstamos otorgados en la institución y argumentó que casos similares han ocurrido en administraciones anteriores sin generar investigaciones equivalentes.

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El exdirector insistió en que comparecerá ante el Ministerio Público (MP) si es requerido, aunque reiteró que la acusación carece de fundamento y responde a intereses políticos. También cuestionó el rol del CNA, al que acusó de actuar con sesgo en su contra.

El caso ahora queda en manos de las autoridades investigativas, mientras el CNA ha solicitado que los implicados se presenten ante el MP para responder por los hechos señalados. Entretanto, el debate político y jurídico en torno al manejo de fondos en la OABI vuelve a escalar en el escenario nacional.