El proceso judicial que involucra a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) reactivó el debate sobre las debilidades de la ley de incautaciones y colocó en el centro de la discusión la capacidad del Estado para administrar bienes asegurados.

Especialistas en derecho advierten que la normativa presenta vacíos que podrían generar fuertes reclamaciones económicas contra el Estado si no se realizan ajustes estructurales.

Especialistas alertan sobre posibles pérdidas millonarias

El abogado Marlon Duarte advirtió que la situación podría agravarse si más empresas deciden acudir a los tribunales y señaló que el Estado enfrenta un escenario de alto riesgo financiero si no corrige las fallas estructurales.

“Este no es un caso aislado. Pueden surgir demandas que superen los 3,000 millones de lempiras por lucro cesante, lucro emergente y daños y perjuicios”, afirmó Duarte.

El jurista también cuestionó la capacidad operativa de la institución y pidió reformas inmediatas al marco legal vigente.

“La OABI no cuenta con la capacidad técnica para custodiar todos los bienes incautados. Muchos activos se deterioran o desaparecen, y eso debilita la defensa del Estado”, señaló.

“El país necesita una normativa más sólida, con mecanismos claros de supervisión y control, que establezca responsabilidades claras y evite que el Estado siga enfrentando demandas millonarias por fallas administrativas”, enfatizó Duarte.

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Señalan fallas estructurales y administrativas

Desde San Pedro Sula, el abogado Ramiro Medina atribuyó la problemática a decisiones administrativas acumuladas durante años.

“Aquí faltaron controles internos y perfiles técnicos adecuados en puestos clave. Eso generó pérdidas y ahora el Estado enfrenta las consecuencias”, expresó Medina.

“Muchas de las propiedades incautadas fueron mal administradas o incluso deterioradas, y la falta de supervisión ha causado un impacto económico directo que podría haberse evitado”, agregó, enfatizando la necesidad de cambios urgentes en la normativa.

El profesional insistió en que la institución necesita fortalecer sus procesos internos para evitar nuevas controversias legales.

Urge reforma inmediata

Ambos especialistas coincidieron en que el Congreso debe revisar y fortalecer la ley de incautaciones para garantizar mayor transparencia y eficiencia en la administración de bienes asegurados.

La situación mantiene la atención pública sobre la OABI, mientras distintos sectores exigen reformas que refuercen la gestión institucional y reduzcan el riesgo financiero para el Estado.

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