La oposición hondureña ha anunciado una sesión extraordinaria, autoconvocada, para mañana en un hotel capitalino, con el objetivo principal de derogar el estado de excepción que se ha venido aplicando en el país.

La convocatoria fue explicada por el diputado Daniel Discua, quien aseguró que la medida busca proteger los derechos humanos y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su voto con libertad en las próximas elecciones.

Según Discua, el estado de excepción, vigente desde hace varios meses, se ha prolongado de manera irregular, lo que genera preocupación sobre posibles abusos de autoridad durante el proceso electoral.

“En un clima electoral, esta normativa se presta para que cualquier protesta pueda ser reprimida o se violen los derechos de los ciudadanos”, señaló el legislador.

Base legal de la autoconvocatoria

El diputado Discua explicó que la acción de la oposición se sustenta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Aclaró que, aunque algunas personas cuestionen la validez de la sesión extraordinaria, la misma está respaldada legalmente y busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

El legislador recordó que el Parlamento ha enfrentado limitaciones para sesionar de manera ordinaria, por lo que la vía extraordinaria se convirtió en la única opción para abordar temas urgentes, entre ellos la derogación del estado de excepción; de modo similar, insistió en que todas las acciones buscan proteger a los ciudadanos y el respeto a la ley en un contexto electoral.

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Objetivo: proteger derechos y prevenir abusos

El objetivo central de la sesión extraordinaria es asegurar que ningún ciudadano sea detenido arbitrariamente ni que se cometan violaciones a derechos humanos durante el proceso electoral.

Discua enfatizó que esta iniciativa también busca prevenir que el gobierno utilice el estado de excepción como un instrumento político para influir en los comicios.

La autoconvocatoria demuestra la disposición de la oposición política a actuar de manera legal para garantizar la libertad de voto y la seguridad de los ciudadanos. Además, se espera que este tipo de acciones refuercen la credibilidad del proceso electoral y promuevan un clima de respeto y vigilancia frente a posibles irregularidades.