Un grupo de exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) expuso posturas ante panorama previo de las elecciones generales en Honduras.

A través de un extenso comunicado público, figuras como Augusto Aguilar, Roberto Callejas y Kelvin Aguirre advirtieron que la incertidumbre que rodea el proceso se agrava por decisiones políticas y operativas que, a su juicio, ponen en riesgo la integridad electoral.

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Los exconsejeros recalcan que han transcurrido seis meses desde que presentaron una propuesta técnica al CNE. Ahora, ante la cercanía del 30 de noviembre, aseguran que el organismo no puede continuar bajo “patrones de activismo político” y demandan que las próximas jornadas se conduzcan estrictamente bajo criterios técnicos. Celebraron, sin embargo, que los consejeros actuales adoptaran el uso de mecanismos de seguridad en las maletas electorales como medida preventiva contra manipulaciones.

Una de las principales advertencias va dirigida al Poder Ejecutivo. Los firmantes piden suspender de inmediato el estado de excepción parcial aprobado recientemente, al considerar que la medida “condiciona y amenaza” la equidad en la competencia política. Sostienen que mantener el decreto PCM 37-2025 podría habilitar restricciones indebidas y generar sospechas que comprometan la credibilidad del proceso.

El comunicado también exhorta al Poder Judicial a abstenerse de judicializar la contienda en estos días previos, tanto en el ámbito organizativo como en el contencioso electoral. En la misma línea, cuestionan al Ministerio Público (MP) por actuar —según ellos— como un “brazo político” del gobierno, e instan a la institución a recuperar la confianza jurídica evitando conductas politizadas.

Las recomendaciones alcanzan a los candidatos presidenciales, a quienes piden autorregularse y evitar proclamar triunfos anticipados antes de que el CNE divulgue su primer reporte oficial. También llaman a frenar cualquier acto que pueda escalar en violencia política entre simpatizantes.

En el caso de las Fuerzas Armadas, solicitan que se mantengan al margen de presiones políticas y que se limiten a las funciones establecidas en el artículo 272 de la Constitución de la República, especialmente en la custodia de instalaciones electorales, para evitar escenarios como los ocurridos el 9 de marzo durante las elecciones primarias.

Postura de exmiembros electorales previo a elecciones en Honduras:

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Los exfuncionarios además apelan al rol de los medios de comunicación, los partidos políticos y las misiones internacionales de observación para sostener la transparencia. Finalmente, exhortan a la ciudadanía —particularmente a quienes no militan en ningún partido— a participar activamente y vigilar el conteo público de votos, recordando que ningún agente policial o militar puede impedir esa supervisión.