Una audiencia clave se desarrolla este viernes (16/05/25), donde más de 30 personas enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra irregular de medicamentos entre 2009 y 2014.

De los imputados, 31 comparecieron de manera presencial ante la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, mientras que uno presentó justificación médica por problemas de salud.

Según se informó, estas personas habrían participado en licitaciones irregulares que implicaron el manejo de más de 77 millones de lempiras en fondos públicos.

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El requerimiento fiscal fue presentado por el Ministerio Público (MP) tras determinar indicios de delitos múltiples, que incluyen fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Debido a que entre los encausados figura una diputada, el proceso se lleva a cabo bajo jurisdicción especial, lo que ha extendido su alcance a los demás implicados.

La jornada judicial arrancó pasadas las 9 de la mañana y se ha prolongado por varias horas. El recinto asignado fue acondicionado para albergar a la numerosa representación legal de los acusados, quienes han solicitado múltiples recesos en el transcurso de la audiencia.

Actualmente, se encuentra en desarrollo la fase de intervenciones por parte de las defensas. El MP ha solicitado la detención judicial de todos los involucrados, proponiendo que sean remitidos al centro penitenciario de Támara mientras continúa el proceso.

Sin embargo, los abogados defensores ya han anticipado que objetarán dicha solicitud, argumentando que no se cumplen los requisitos legales para ordenar prisión preventiva en este momento del caso.

Será el juez quien, al cierre de esta audiencia de declaración de imputado, determine si los acusados permanecerán en libertad condicional o serán enviados a prisión preventiva mientras se profundizan las investigaciones.

#OnceNoticias🟡 | Audiencia de 31 imputados por fraude en red sanitaria por 77 millones en licitaciones.

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— Once Noticias (@11_Noticias) May 16, 2025

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La resolución del juez marcará el rumbo de un expediente que podría derivar en condenas si se comprueba la responsabilidad penal de los imputados.