La extorsión de maras y pandillas continúa siendo uno de los principales flagelos que golpean a Honduras, tanto en el ámbito social como económico.

En las últimas horas circularon presuntos audios atribuidos a la MS-13, en los que se escucha a supuestos mareros exigir pagos a comerciantes locales. En uno de los fragmentos se afirma: “Somos la MS-13 la que controla y queremos que pongas vivo y digas cómo está la onda”.

El mensaje incluye amenazas hacia la familia del comerciante y la exigencia de una “colaboración” de 30,000 lempiras, bajo la promesa de no cobrar un “impuesto semanal” si se cumple con el pago. Este tipo de intimidación refleja la dinámica del llamado “impuesto de guerra”, práctica que ha golpeado durante décadas a transportistas, pequeños negocios y emprendedores en todo el país.

Perdidas millonarias

De acuerdo con investigaciones recientes, la extorsión genera pérdidas millonarias a la economía hondureña. Se estima que miles de negocios han cerrado por no poder pagar las cuotas ilegales, mientras que otros sobreviven bajo constante presión.

Además del impacto económico, la extorsión provoca un fuerte desplazamiento forzado. Según estudios, más de la mitad de los casos de migración interna en Honduras están vinculados a amenazas y cobros ilegales de maras y pandillas. Esto evidencia que el problema no solo afecta a la economía, sino también a la estabilidad social y a la seguridad de miles de familias.

Aunque las autoridades insisten en que la población se mantenga informada y denuncie estos hechos, muchas veces el miedo y las amenazas que evidenciaron estos supuestos audios se vuelven un obstáculo para que se arreste a los malhechores.

Reformas para hacer más severas las penas de extorsión

Es importante señalar que el miércoles pasado (13/5/26), en primer debate, el Congreso Nacional aprobó una reforma al Código Penal con el objetivo de establecer la pena perpetua para los autores del delito de extorsión, acción que representa un endurecimiento inédito en la lucha contra las maras y pandillas.

La reforma incluye cambios en el Código Procesal Penal y el Código Penal, en particular en el Decreto 130-2017, con la finalidad de instaurar castigos más severos para aquellos que intervengan en redes de cobro ilegal.

De acuerdo con lo propuesto en el Congreso, se podría imponer la cadena perpetua en situaciones graves que impliquen reincidencia, uso de adultos mayores o menores para delinquir y casos en los que la extorsión cause que negocios familiares o empresas cierren.

Sector transporte asfixiado por la extorsión en Honduras y clama por seguridad