La posibilidad de que los cientos de socios de Koriun Inversiones recuperen sus fondos se ha reducido prácticamente a cero. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por presentar una moción que permitiera al Estado brindar algún tipo de compensación a los afectados, la mayoría opositora en el Congreso Nacional ha cerrado filas en contra de la propuesta.

La resistencia no solo es política. Varios diputados han expresado su preocupación ante las implicaciones legales que podría tener la aprobación de fondos públicos para compensar a los inversionistas afectados, lo que, según advierten expertos legales, podría ser interpretado como una violación directa al marco legal vigente.

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“La ley es clara: el Estado no puede utilizar recursos públicos para asumir responsabilidades de entidades privadas. Quienes promuevan o aprueben esa medida podrían enfrentar serios procesos judiciales”, advirtió un constitucionalista

Directivos bancarios y analistas económicos han coincidido en que, más allá del impacto social del caso, no existen condiciones legales ni políticas para aprobar una ayuda gubernamental.

Por otra parte, expertos consideran que este episodio pasará a la historia como el mayor fraude financiero en Honduras, no solo por el monto defraudado, sino por la cantidad de personas afectadas. «Es una tragedia para cientos de familias. Pero también una señal de alerta para las autoridades financieras, que deben reforzar los mecanismos de supervisión y control», mencionaron.

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