El Congreso Nacional aprobó una nueva amnistía vehicular que permitirá a miles de propietarios de vehículos y motocicletas ponerse al día con sus obligaciones pendientes sin pagar multas, recargos ni intereses acumulados.

La medida, aprobada la noche del miércoles 3 de junio, tendrá una vigencia de dos meses y beneficiará a conductores que mantienen deudas correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores.

¿Qué beneficios incluye la amnistía?

Con la entrada en vigor del decreto, los contribuyentes podrán realizar sus pagos pendientes sin asumir cargos adicionales por mora.

La disposición elimina de forma temporal multas, intereses y otras sanciones administrativas relacionadas con la Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos, así como diversos trámites registrales administrados por el Instituto de la Propiedad (IP).

El objetivo de la medida es facilitar que los propietarios regularicen su situación tributaria y evitar que las deudas continúen incrementándose por los recargos acumulados.

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También beneficia deudas municipales

La amnistía no solo abarca obligaciones relacionadas con el Instituto de la Propiedad.

El decreto también extiende el beneficio a tasas viales municipales y otros cobros locales vinculados al uso y registro de vehículos, permitiendo a los contribuyentes saldar obligaciones pendientes sin penalizaciones económicas.

Con ello, miles de conductores en todo el país tendrán la oportunidad de normalizar sus cuentas durante el período establecido por la ley.

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Alcanzará a quienes tienen arreglos de pago

Uno de los aspectos incluidos en la normativa beneficia a las personas que actualmente mantienen convenios o planes de pago activos con el Registro de la Propiedad Vehicular.

Durante los dos meses de vigencia de la amnistía, estos contribuyentes quedarán exentos de sanciones e intereses relacionados con retrasos o pagos pendientes dentro de los acuerdos previamente establecidos.

Congreso exige informe sobre resultados

Como parte del mecanismo de control y transparencia, el Congreso Nacional ordenó a las instituciones encargadas de aplicar la amnistía presentar un informe detallado sobre los resultados obtenidos.

Las entidades responsables deberán remitir una auditoría al Poder Legislativo en un plazo de 60 días después de concluido el beneficio, detallando el impacto económico de la medida y los niveles de recaudación alcanzados.

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