Luego de conocerse la contratación de más de doscientos trabajadores asiáticos bajo procesos migratorios irregulares, expertos han pedido a las autoridades esclarecer las circunstancias en que fueron vinculados por la administración anterior.

“La Secretaría de Trabajo tiene que hacer una revisión profunda porque el artículo once que le mencioné con todos esos procesos habla de estos mecanismos, pero también está el artículo siete que establece que todo contrato de trabajo es revisable en determinadas circunstancias”, señala el exministro de Trabajo, Germán Leitzelar.

Algunos analistas califican el caso como un nuevo “chinazo” en infraestructura, tras revelarse que, durante la gestión de la exministra de Salud, Carla Marina Paredes, se gestionaron visas especiales para técnicos chinos, supuestamente por ser personal indispensable.

Investigar el proceso de contratación

“Por lo tanto creo que es sumamente importante investigar el ingreso de aquellas personas con nacionalidad china que han entrado al país bajo qué estatus han entrado y lo otro que entraron bajo un estatus de un trabajo temporal, ver que se cumplió con los requisitos establecidos”, opinó Leonel Núñez, miembro de la Comisión Técnica Liquidadora.

De acuerdo con documentos oficiales, inicialmente se autorizó el ingreso de seis personas, sin embargo, el informe final revela que más de doscientos ciudadanos asiáticos habían sido contratados de manera irregular.

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Exautoridades de Cancillería niegan irregularidades

El ex canciller de la República negó las irregularidades y aseguró que la mayoría de procedimientos se realizó bajo el margen legal: “Sea china, estadounidense, alemana, de donde sea, yo creo que es normal, no sé por qué tanto escándalo”.

Por su parte, el exdirector de Migración también defendió el proceso: “Esto era un procedimiento normal”, declaró a Once Noticias el también excandidato a designado presidencial.

La polémica continúa y expertos insisten en que la Fiscalía debe investigar a fondo para determinar responsabilidades y evitar que se repitan prácticas que vulneran la normativa laboral y migratoria del país. Por su parte, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) han informado que se realizará una investigación.

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