El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma la presidencia de la República de manera temporal, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar ejecutado por Estados Unidos.

La decisión se produjo tras una sesión extraordinaria celebrada en horas de la noche, en la que los magistrados evaluaron los acontecimientos ocurridos durante las últimas horas y concluyeron que Maduro se encuentra en una “imposibilidad material y temporal para ejercer sus funciones”.

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Decisión del máximo tribunal

En una resolución leída por la magistrada Tania D’Amelio y transmitida por el canal estatal VTV, el TSJ instruyó de forma directa a la actual vicepresidenta a asumir el mando del Ejecutivo nacional. El tribunal señaló que la medida busca garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación en un contexto de alta tensión política y militar.

“El Tribunal ordena que la ciudadana Delcy Eolína Rodríguez Gómez asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó D’Amelio durante la lectura oficial del fallo.

Fundamento constitucional

El TSJ respaldó su decisión en lo establecido por la Constitución venezolana, que determina que el vicepresidente o vicepresidenta debe suplir al jefe del Estado cuando exista una ausencia temporal o absoluta del presidente. Según el fallo, la captura de Maduro configura una ausencia que impide el ejercicio inmediato de sus funciones.

Escenario de transición

La designación de Delcy Rodríguez abre un escenario de transición política en Venezuela, marcado por la incertidumbre institucional y la expectativa sobre los próximos pasos del Poder Ejecutivo.

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Hasta el momento, el gobierno no ha informado cuánto tiempo se mantendrá la presidencia encargada ni cuáles serán las primeras medidas adoptadas.

La situación continúa en desarrollo, mientras la comunidad internacional observa con atención el rumbo que tomará el país tras la decisión del máximo tribunal.