El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza un sistema altamente coordinado para localizar y arrestar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, con el objetivo de gestionar sus procesos de deportación.

ICE es la agencia encargada de ejecutar arrestos y tramitar la deportación de aquellos que no cumplen con los requisitos legales para residir en el país. Para identificar a los extranjeros sujetos a deportación, emplea un proceso meticuloso.

El proceso de identificación y arresto de inmigrantes ilegales por parte de ICE

El ICE opera a nivel nacional con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y en estrecha colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La primera etapa de su actuación comienza con la recopilación de información sobre los individuos en situación migratoria irregular.

Según un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI), la agencia emplea una combinación de bases de datos, colaboración con autoridades locales y operaciones específicas para localizar a las personas que podrían ser deportadas.

El proceso de deportación: de la detención a la resolución

Una vez detenido un inmigrante, el ICE inicia el proceso de deportación, que puede implicar una audiencia en un tribunal de inmigración. En ese espacio, la persona detenida tiene la oportunidad de impugnar su expulsión.

Sin embargo, los tribunales de inmigración están congestionados: en octubre de 2024, los datos del MPI mostraban más de 3,6 millones de casos pendientes, lo que indica que los tiempos de espera para una resolución pueden extenderse por años.

Durante este proceso, las personas detenidas pueden ser trasladadas a centros de detención de ICE, inscritas en programas de monitoreo o liberadas bajo supervisión.

Según datos más recientes de principios de 2025, ICE tiene capacidad para detener hasta 41,500 inmigrantes, una cifra que no cubre la creciente demanda de arrestos.

Este panorama revela un sistema complejo y desafiante para ambas partes, tanto para las autoridades como para los inmigrantes que enfrentan la incertidumbre de los procesos judiciales y la falta de capacidad en los centros de detención.

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