El Gobierno de Donald Trump revocó este año 85,000 visas a ciudadanos extranjeros, entre ellas las de 8,000 estudiantes internacionales, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Un funcionario de la dependencia explicó que la cifra duplica la registrada el año anterior bajo la administración de Joe Biden, aunque no precisó el número exacto.

Entre las principales causas de la revocación figuran conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones y robos, estos factores representaron casi la mitad de las anulaciones del año pasado.

“Estas personas representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades y no queremos que permanezcan en nuestro país”, señaló el funcionario.

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Estudiantes y protestas universitarias

El Departamento de Estado también retiró visados a centenares de estudiantes que participaron en protestas universitarias contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La medida se enmarca en una política más estricta de control migratorio impulsada por la actual administración.

La Administración de Trump instauró procedimientos más estrictos para la obtención de visas, incluyendo el rastreo de la actividad en redes sociales.

El funcionario confirmó que haber trabajado en plataformas de verificación de información o moderación de contenido puede constituir un motivo de denegación.

Instrucciones del secretario de Estado

El secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó en mayo pasado a prohibir la entrada al país a quienes “censuren a los estadounidenses”.

Con esta directriz, los funcionarios consulares deben evaluar no solo un factor aislado, sino la totalidad de las circunstancias de cada solicitante. “Al determinar si un solicitante califica para una visa, los funcionarios consulares consideran todos los elementos de su historial”, precisó el funcionario.

Reducir drásticamente la inmigración ha sido uno de los principales objetivos de Trump desde que asumió el poder en enero. La revocación masiva de visados refleja la prioridad de su gobierno en reforzar los controles y limitar el ingreso de extranjeros bajo criterios de seguridad y legitimidad.

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