La región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia y fronteriza con Venezuela, se ha convertido en el escenario de una escalada de violencia sin precedentes, que ha dejado hasta el momento al menos 60 muertos, entre ellos varios firmantes del acuerdo de paz de 2016 y decenas de personas secuestradas.

La crisis humanitaria en esta zona es alarmante, con miles de familias desplazadas y varias comunidades confinadas debido a los enfrentamientos entre dos grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, que han resurgido tras el fallido proceso de paz.

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El Catatumbo ha sido históricamente un territorio disputado por diversos actores armados. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, muchos de los antiguos combatientes de esta guerrilla se acogieron a la desmovilización, pero no todos los grupos disidentes lo hicieron.

Algunas de estas facciones, como el Estado Mayor Central (EMC), han mantenido su lucha armada no solo contra las fuerzas del Estado, sino también contra el ELN, lo que ha desencadenado un violento enfrentamiento en la región del Catatumbo, marcada por una difícil geografía y escasa presencia del gobierno.

El conflicto, que se intensificó a partir del 15 de enero de 2025, comenzó con el asesinato de un trabajador funerario y su familia en la carretera entre Tibú y Cúcuta, en un hecho que conmocionó al país. Aunque el ELN negó su responsabilidad, este crimen fue el detonante de una serie de ataques y enfrentamientos armados entre ambos grupos, lo que ha dejado un saldo creciente de víctimas fatales y desplazados.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las muertes se han registrado principalmente en municipios como Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, donde las tensiones han aumentado significativamente.

La situación se agrava por los secuestros, que han afectado principalmente a líderes sociales, firmantes de paz y miembros de comunidades indígenas. La Defensoría informó que más de 20 personas han sido secuestradas desde el 16 de enero, y muchas de ellas siguen bajo cautiverio, mientras que varias comunidades se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado, sin posibilidad de escapar.

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¿Acciones en Catatumbo por el gobierno de Colombia?

El gobierno de Gustavo Petro, que había apostado por una «paz total» al iniciar su mandato, suspendió el pasado viernes las negociaciones con el ELN, acusándolo de cometer crímenes de guerra. Esta decisión fue tomada después de un largo proceso de diálogos que, aunque intermitentes, nunca lograron concretarse en un acuerdo definitivo.

Petro también advirtió sobre el rompimiento de la frágil tregua entre el ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha dejado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad.

Mientras tanto, las comunidades afectadas enfrentan graves dificultades humanitarias. El desplazamiento forzado ha sido masivo, con miles de personas huyendo hacia otros municipios como Ocaña y Cúcuta, en busca de refugio. Incluso se ha registrado el cruce de refugiados hacia Venezuela, en un contexto donde la escasez de alimentos y la suspensión de actividades económicas y educativas agravan aún más la crisis.

En respuesta a esta situación, el gobierno colombiano ha desplegado miles de efectivos militares en un intento por controlar la violencia, pero las fuerzas del Estado se enfrentan a un escenario complejo debido al terreno inhóspito y a la presencia de múltiples grupos armados en la región.

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Además, se baraja la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior, lo que le otorgaría al Ejecutivo facultades extraordinarias para hacer frente a la situación.

La región del Catatumbo sigue siendo un campo de batalla entre grupos armados y un reto mayúsculo para el gobierno en Colombia, que lucha por garantizar la seguridad y el bienestar de una población atrapada entre la violencia y la indiferencia del conflicto armado.