Este lunes 28 de julio, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo demandaron una coalición de más de veinte fiscales generales, esto por exigir que los estados entregaran datos personales de beneficiarios del Programa de Asistencia Suplementaria (SNAP), lo que aseguran es una herramienta para perseguir inmigrantes.

La demanda, presentada en California, es en respuesta a la exigencia de que se entreguen los nombres de los integrantes del grupo familiar y fechas de nacimiento, números de seguro social y dirección de domicilios y código postal.

Por ende, el fiscal de California, Rob Bonta, en conferencia de prensa virtual junto a las fiscales de Nueva York, Letitia James, y la de Michigan, Dana Nessel, destacó que esa acción “sin precedentes” viola todo tipo de leyes de privacidad estatales y federales.

Además, Bonta mencionó: “Y rompe aún más la confianza entre el gobierno federal y las personas a las que sirve”. Asimismo, la demanda se presentó dos días antes de que venza el plazo del 30 de julio que el Departamento de Agricultura dio a los estados para entregar los datos de los solicitantes de los últimos cinco años.

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“Procedimiento de incumplimiento”

El programa se conoce por muchos como “cupones para alimentos” para personas de bajos recursos económicos. Incluso, la agencia advirtió a los estados la semana pasada que, de ignorar la solicitud, se pueden “exponer a procedimientos de incumplimiento”, lo que podría conllevar la retención de fondos.

De igual manera, Bonta destacó que los solicitantes proporcionaron información para obtener ayuda para alimentar a sus familias y recordó que estados como California han mantenido este programa, que tiene uno de los sistemas de control de calidad más rigurosos del gobierno federal.

También explicó que durante años el Departamento de Agricultura nunca solicitó los datos de las familias a una escala masiva y que ahora, sin previo aviso, la administración de Donald Trump intenta cambiar las reglas en medio del juego.

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