En una nueva directriz emitida por la administración de Donald Trump, todos los inmigrantes indocumentados deberán inscribirse y registrarse con sus datos en una base de datos en línea, sin embargo, varios expertos en derecho, incluido el abogado constitucionalista, Joseph Malouf, advierte que dicha medida podría enfrentar desafíos legales importantes.

El proceso de registro se llevará a cabo a través del portal web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), donde los inmigrantes deberán crear un perfil personal y registrar su información.

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«Yo no lo haría» dice abogado

A pesar de esta orden ejecutiva, Malouf, un reconocido abogado constitucionalista, enfatiza que no considera prudente seguir la directiva por ahora. «Yo no lo haría, no necesariamente ahora. Creo que es importante que las cortes revisen la legalidad de esta ley», comentó en el programa de noticias «Ahora» de Telemundo.

La ley que respalda este mandato es el Alien Registration Act de 1940, una legislación histórica que fue inicialmente diseñada para abordar preocupaciones de seguridad nacional durante tiempos de guerra y situaciones críticas, como la Segunda Guerra Mundial o los atentados del 11 de septiembre.

Sin embargo, Malouf subraya que la situación actual no guarda relación con cuestiones de seguridad nacional. «Esto no tiene nada que ver con seguridad nacional, es simplemente sobre inmigrantes que no tienen documentación», explicó.

El abogado también plantea inquietudes sobre posibles violaciones a los derechos de privacidad y el debido proceso, principios protegidos por la Constitución. «Este registro podría estar violando la ley de privacidad de las personas, así como el derecho al debido proceso que garantiza la Enmienda 14», indicó Malouf.

Además, el experto señala que la medida podría estar en conflicto con la Quinta Enmienda, que protege a las personas contra la autoincriminación. «Cuando te dicen que debes inscribirte y dar información sobre tu estatus migratorio ilegal, podrías estar confesando un delito», advirtió.

La incertidumbre sobre el propósito y los posibles usos de la información recabada es otro de los puntos críticos. Según Malouf, si el objetivo es utilizar los datos para deportaciones masivas, la medida carecería de fundamento. «Si la información es para deportar a las personas, eso no tiene sentido. Si hay una preocupación de seguridad nacional, deben demostrarlo», agregó.

Aunque el 25 de febrero fue señalado como la fecha de inicio del registro, no se ha establecido un plazo definitivo para la inscripción, lo que añade más dudas sobre el proceso.

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