Después de más de 13 años de una extensa batalla legal, las familias afectadas por el colapso urbanístico de Ciudad del Ángel recibieron una noticia que podría marcar el cierre de uno de los casos habitacionales más emblemáticos de la capital de Honduras.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme una sentencia que reconoce responsabilidades por los daños ocasionados y abre paso al pago de una millonaria indemnización.

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Cumplimiento de sentencia

La resolución beneficia a 54 familias que perdieron sus viviendas tras los severos problemas geológicos registrados en la urbanización ubicada salida al norte de Tegucigalpa. Según la defensa legal de los afectados, la decisión judicial permite avanzar hacia la fase de ejecución de la sentencia, lo que significa que las instituciones y empresas condenadas deberán comenzar a responder económicamente por las pérdidas sufridas.

El abogado Marlon Arévalo explicó que la Sala de lo Penal declaró sin lugar un recurso de casación interpuesto dentro del proceso, una decisión que convierte el fallo en definitivo y obliga a las partes involucradas a cumplir con las disposiciones establecidas por los tribunales.

La indemnización fijada ronda los 280 millones de lempiras. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la representación legal de los afectados, si el monto se distribuye entre las 54 familias reconocidas en el proceso, cada una podría recibir aproximadamente 2.5 millones de lempiras.

La sentencia establece que la responsabilidad es compartida entre tres actores principales: la corporación municipal, la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la empresa constructora que desarrolló el proyecto habitacional. Cada una de estas partes deberá asumir cerca de una tercera parte del monto total establecido por los tribunales.

Caso Ciudad del Ángel

El caso Ciudad del Ángel inició cuando decenas de familias adquirieron viviendas en el proyecto residencial sin imaginar que posteriormente aparecerían grietas y daños estructurales que terminarían obligándolas a abandonar sus hogares. Con el tiempo, los inmuebles quedaron inhabitables debido a la inestabilidad del terreno.

Durante el proceso judicial también se analizaron estudios técnicos que advertían sobre riesgos geológicos en la zona desde décadas atrás. Según la defensa de los afectados, dichas investigaciones señalaban la existencia de fallas y corrientes subterráneas que debieron ser consideradas antes de autorizar la construcción de la urbanización.

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Los tribunales concluyeron que existieron irregularidades y omisiones en el proceso de aprobación del proyecto, lo que derivó en responsabilidades tanto para entidades estatales como para actores privados.

Aunque el fallo representa una victoria para las familias, el siguiente paso será garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia. Los afectados esperan que, tras más de una década de espera, finalmente puedan recibir una compensación por las pérdidas patrimoniales que marcaron sus vidas y convertirse en un precedente sobre la responsabilidad en el desarrollo de proyectos urbanísticos en el país.