El representante legal de una empresa que permaneció varios años bajo medidas de aseguramiento solicitó la devolución de sus bienes y aseguró que durante el proceso judicial se demostró plenamente la procedencia lícita de los activos incautados.

El abogado Marlon Duarte manifestó que tanto en la vía penal como en el proceso de privación de dominio no se logró acreditar ninguna irregularidad relacionada con los bienes de la compañía.

«Demostramos la licitud de los bienes, su procedencia y destinación legal. Además, la empresa mantenía relaciones comerciales con compañías norteamericanas debidamente identificadas y documentadas», afirmó el profesional del derecho.

Defensa asegura que Fiscalía no probó actividades ilícitas

Según Duarte, las autoridades no lograron presentar evidencia que vinculara a la empresa con delitos de lavado de activos u otras actividades ilícitas.

Asimismo, sostuvo que durante los procesos judiciales la Fiscalía no logró demostrar ninguna conducta irregular, por lo que considera que existen fundamentos suficientes para la devolución definitiva de los bienes.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público para que actúe bajo el principio de objetividad y se abstenga de presentar recursos de apelación que prolonguen el litigio.

«Esperamos que la Fiscalía no presente apelaciones porque cada día que transcurre incrementa los daños económicos y los perjuicios causados», señaló.

Cierre de 32 tiendas dejó cientos de familias afectadas

Por otra parte, el abogado recordó que las medidas adoptadas contra la empresa provocaron el cierre de sus 32 tiendas a nivel nacional, situación que dejó sin empleo a aproximadamente 950 trabajadores directos.

Además, indicó que miles de personas también resultaron afectadas de manera indirecta debido al impacto económico generado por la paralización de las operaciones comerciales.

«La consecuencia más lamentable fue que cerca de 950 familias perdieron su fuente de ingresos, sin contar todas aquellas que dependían indirectamente de la actividad económica de la empresa», expresó.

Incendio agravó pérdidas económicas

De igual forma, Duarte recordó que la compañía sufrió un incendio en su bodega principal pocos meses antes de que se desarrollara el juicio correspondiente, hecho que agravó aún más la situación financiera.

Según la defensa, la combinación de los procesos judiciales, el cierre de operaciones y la pérdida de infraestructura provocó daños que superarían los 1,500 millones de lempiras.

Cuestionan origen de la investigación

Finalmente, el representante legal cuestionó el origen de la investigación que dio paso al aseguramiento de los bienes.

De acuerdo con sus declaraciones, uno de los agentes que participó en el caso habría manifestado que la intervención surgió a partir de información proporcionada por una fuente anónima.

Por ello, la defensa sostiene que no se realizaron diligencias suficientes para comprobar la existencia de actividades ilícitas antes de ejecutar las medidas de aseguramiento, situación que, a su criterio, ocasionó graves perjuicios económicos y laborales.

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