El Ministerio Público, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutó este lunes una ofensiva nacional contra el narcotráfico, que incluyó 10 operativos simultáneos en los departamentos de Gracias a Dios, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Olancho, Choluteca, El Paraíso y Comayagua.

La acción consistió en allanamientos de morada, inspecciones en sitios públicos y erradicación de cultivos ilícitos.

Las autoridades buscaban recabar evidencias clave, como drogas, dinero y documentación, para fortalecer las investigaciones contra estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos.

Red criminal operaba desde La Mosquitia

Entre los procedimientos más relevantes, los investigadores realizaron siete allanamientos en Gracias a Dios, Atlántida y Cortés. La meta fue desarticular una red criminal que recibía cargamentos de cocaína desde Colombia mediante La Mosquitia, considerada un punto estratégico para el ingreso de drogas al país.

La investigación indica que la organización estaba liderada por una pareja que usaba negocios como fachada para lavar ganancias ilícitas y coordinaba la logística de distribución en todo Honduras.

Además, las autoridades erradicaron tres plantaciones de marihuana y tres de arbustos de coca, asegurando elementos probatorios y dinero en efectivo.

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Vínculos con casos previos

Las autoridades confirmaron que varios de los investigados mantenían conexiones con Rosbin Leonardo Duarte Elvir, a quien el Ministerio Público y la ATIC le aseguraron bienes durante las operaciones Estigia I y II en 2017 y 2022.

Estos 10 operativos simultáneos forman parte de una estrategia nacional que busca desarticular redes internacionales que usan Honduras como plataforma para el tráfico de drogas.

Compromiso con la seguridad y la justicia

El Ministerio Público reafirma su compromiso de continuar coordinando acciones para debilitar las estructuras del narcotráfico, atacar sus fuentes de financiamiento y llevar ante la justicia a quienes operan desde Honduras.

Estas acciones generan un impacto directo en la seguridad y tranquilidad de las comunidades, atienden denuncias de la población y fortalecen la presencia del Estado frente a las organizaciones criminales.

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