El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, se pronunció sobre la creación de una ley especial antiextorsión anunciada por el gobierno de Nasry Asfura y aseguró que el país necesita más que nuevas normativas: requiere supervisión efectiva y cumplimiento real de la ley.

Acevedo sostuvo que es fundamental conocer el contenido y el alcance del decreto antes de respaldarlo plenamente, especialmente porque la propuesta abarcaría tanto la extorsión en instituciones públicas como en el comercio, incluyendo a pequeños negocios.

No basta con crear leyes, hay que garantizar su cumplimiento

El representante de sociedad civil advirtió que Honduras enfrenta un déficit histórico en la aplicación de leyes, por lo que insistió en que el reto no radica únicamente en aprobar nuevas normativas, sino en asegurar su implementación y seguimiento.

“Más que crear leyes, debemos aplicar medidas de política pública y dar seguimiento a su cumplimiento”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de establecer mecanismos de supervisión dentro de las instituciones del Estado.

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Supervisión a funcionarios y combate a la corrupción

Acevedo enfatizó que la nueva ley debe incluir controles internos estrictos para evitar que funcionarios públicos continúen incurriendo en actos de corrupción.

Recordó que en administraciones anteriores se han cuestionado nombramientos de personas señaladas por irregularidades.

Según estimaciones citadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el país pierde más de 73 mil millones de lempiras por corrupción, una cifra que refleja el impacto directo en las finanzas públicas.

En ese sentido, subrayó que la lucha contra la corrupción debe ser integral y abarcar a todos los actores, incluyendo fiscales, jueces y policías, ante denuncias de colusión que han permitido la impunidad en diversos casos.

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¿Cuánto abonaría esta ley a las arcas del Estado?

Al ser consultado sobre cuánto podría recuperar el Estado con estas medidas, Acevedo respondió que el enfoque no debe centrarse únicamente en cuánto ingresará a las arcas públicas, sino en cuánto se dejará de perder.

Indicó que el verdadero impacto debe reflejarse en mejores servicios públicos y en una gestión transparente de los recursos. También cuestionó la falta de claridad sobre los planes de inversión que acompañarían esta iniciativa.

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Endurecimiento de penas contra la extorsión a pequeños negocios

La propuesta gubernamental contempla endurecer las penas contra quienes extorsionan a pequeños comerciantes. Sin embargo, Acevedo señaló que aumentar castigos no es suficiente si no se fortalece la prevención del delito.

El analista insistió en que el Estado debe invertir en educación, oportunidades de desarrollo personal y familiar, así como en la promoción de valores, para atacar las causas estructurales de la criminalidad.

Impacto en cooperación internacional

Acevedo recordó que la corrupción ha afectado históricamente el acceso del país a fondos internacionales, como los vinculados a la Cuenta del Milenio, donde Honduras ha enfrentado observaciones en indicadores de transparencia y derechos humanos.

Finalmente, reiteró que la nueva ley antiextorsión puede representar un paso importante, siempre que incluya controles internos efectivos, investigación rigurosa y sanciones reales contra quienes desvíen recursos públicos o participen en redes de impunidad.

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