El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Nelson Licona, advirtió que los recientes pagos por demandas y embargos laborales en distintas municipalidades podrían reflejar prácticas irregulares entre funcionarios salientes y empleados.

Solo en los dos primeros meses del año, según el secretario de Finanzas, Emilio Hércules Hernández, se han desembolsado cerca de 4 mil millones de lempiras, generando preocupación sobre la transparencia en la gestión pública.

Pagos cuestionados antes de entregar cargos

Licona detalló que en algunos municipios, como el Corpus en Choluteca, los alcaldes salientes despidieron a su personal y conciliaron deudas laborales con bufetes de abogados, dejando a las nuevas autoridades la carga financiera.

“A todas luces se ve algo no solo incorrecto, sino hasta detestable para los ciudadanos de estas comunidades”, señaló Licona, destacando que estas prácticas afectan directamente los recursos públicos y la confianza ciudadana.

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Exigen responsabilidad a exfuncionarios

Expertos en administración municipal sostienen que no se trata únicamente de errores administrativos, sino de posibles actos de negligencia que requieren investigación y sanción por parte de los entes de control.

La sugerencia es que la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría evalúen las demandas para proteger el patrimonio del Estado. Además, deben garantizar que los pagos correspondan a derechos reales de los trabajadores, evitando abusos o cuantías infladas por demandantes que se aprovechan de la administración pública.

Alerta por confabulaciones e irregularidades

Licona enfatizó que existen indicios de confabulaciones entre funcionarios, jueces y personal de recursos humanos, lo que complica la transparencia en la gestión de las municipalidades.

Según su análisis, lo preocupante no son las sumas de dinero reclamadas por los trabajadores, sino la forma en que se ejecutan los pagos y la legalidad de las conciliaciones, especialmente cuando se realizan sin un procedimiento adecuado o supervisión.

Con esta situación, Licona llama a fortalecer la supervisión administrativa y a deducir responsabilidades a quienes permitan que el Estado sea demandado indebidamente, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y se proteja el interés de los ciudadanos.

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