La propuesta de reforma que modificaría la estructura administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) generó un intenso debate público, luego de que cuatro reconocidos abogados analizaran sus implicaciones en el foro televisivo de La Entrevista con el licenciado Raúl Valladares.

Las posturas evidenciaron preocupaciones sobre independencia judicial, equilibrio de poderes y posibles excesos legislativos. La iniciativa, aprobada en primer debate por el Congreso Nacional, plantea trasladar de forma provisional al pleno de magistrados las atribuciones administrativas que actualmente ejerce la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando. El cambio regiría hasta que entre en funciones el Consejo de la Judicatura, órgano aún pendiente de consolidación plena.

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Para Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, la discusión debe centrarse en un principio técnico: separar claramente las funciones administrativas de las jurisdiccionales. A su criterio, esta división contribuiría a fortalecer la institucionalidad y evitar conflictos internos en la toma de decisiones, particularmente en lo relativo a nombramientos y traslados de jueces.

Más crítica fue la postura de la exfiscal Reina Rivera, quien advirtió que la propuesta podría implicar una vulneración a la Constitucion de la Republica. Rivera subrayó que, aunque se opone a la acumulación de poder en una sola figura, también considera inaceptable que un poder del Estado intervenga en otro, en referencia directa a la actuación del Legislativo sobre el Judicial.

En la misma línea, el abogado Joaquín Mejía cuestionó la verdadera intención de la reforma. Según expresó, el Congreso Nacional no estaría priorizando la independencia judicial, sino generando condiciones para influir indirectamente en futuras designaciones. A su juicio, permitir que magistrados vinculados a partidos políticos participen en decisiones administrativas sensibles podría abrir espacio a recomendaciones impulsadas desde el ámbito legislativo.

Por su parte, Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, llamó a contextualizar el debate. Recordó que la actual presidenta no ha sido la única en contar con estas atribuciones, insinuando que la concentración de funciones administrativas en la titularidad del Poder Judicial no es una práctica novedosa.

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De ser ratificada en los debates pendientes y publicada oficialmente, la reforma obligaría a que toda decisión sobre nombramientos, rotaciones o asignaciones de jueces sea aprobada por mayoría del pleno, sustituyendo temporalmente el modelo unipersonal. Mientras tanto, el foro dejó en evidencia que el verdadero desafío no es solo administrativo, sino estructural: garantizar que cualquier cambio preserve la autonomía del sistema judicial.