La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando, advirtió este lunes que el proyecto de reforma al artículo 3 del Decreto 282-2010 representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que podrían afectar la independencia del Poder Judicial.

A través de un comunicado oficial fechado el 16 de febrero de 2026, la titular del Poder Judicial hizo un llamado respetuoso al Congreso Nacional para instalar una mesa técnica interinstitucional antes de aprobar de forma definitiva la iniciativa.

El @PJdeHonduras, a través de la Presidencia de este Poder del Estado, advierte que el Proyecto que Reforma el Artículo 3 del Decreto 282-2010 representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectan independencia del Poder Judicial y hace un llamado respetuoso al… pic.twitter.com/n99uYhLUBE

— Rebeca Lizette Ráquel Obando (@RebecaRaquelO) February 16, 2026

A través de un comunicado oficial leído por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, la titular del ente judicial advirtió que el proyecto en discusión podría generar impactos “jurídicos, operativos e institucionales” que pondrían en riesgo la independencia del sistema de justicia.

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La reacción surge luego de que la iniciativa fuera discutida en primer debate en el Legislativo. Aunque desde la Presidencia del Poder Judicial se reconoció la facultad constitucional del Congreso para reformar leyes, también se subrayó que esa atribución tiene límites cuando se compromete la autonomía de otro poder del Estado.

En el pronunciamiento se enfatizó que la Constitución establece la independencia y complementariedad de los poderes públicos, sin relaciones de subordinación. Bajo esa premisa, el Poder Judicial considera que la redacción actual del dictamen presenta ambigüedades sobre competencias y niveles de decisión, particularmente en lo relacionado con la devolución de facultades al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento, trasladar decisiones administrativas y disciplinarias a un órgano colegiado compuesto por 15 magistrados —quienes además integran las distintas salas jurisdiccionales— podría generar retrasos en la gestión institucional y afectar la operatividad del sistema. Se advierte la posibilidad de “cuellos de botella” en la toma de decisiones vinculadas a personal, traslados y procesos disciplinarios.

Otro de los puntos señalados es el eventual impacto en la imparcialidad. La concentración de funciones disciplinarias y de revisión en el Pleno, sostiene el comunicado, podría debilitar la garantía de objetividad y el derecho efectivo de impugnación, elementos esenciales dentro del Estado de Derecho.

El Poder Judicial también defendió la gestión administrativa actual, asegurando que las decisiones adoptadas han estado orientadas a garantizar la continuidad del servicio de justicia en el país, sin que exista una expansión descontrolada en nombramientos.

Postura de la presidenta de la CJS, Rebeca Ráquel Obando

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Ante este escenario, la institución propuso suspender la aprobación definitiva del proyecto y convocar de inmediato a una mesa técnica interinstitucional con participación del Congreso Nacional, el Poder Judicial y expertos en derecho constitucional y administrativo. Además, planteó como alternativa la discusión y eventual aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

Finalmente, la presidenta Rebeca Ráquel Obando reiteró la disposición al diálogo, pero dejó claro que no acompañarán una reforma que, en su criterio, comprometa la seguridad jurídica y el equilibrio entre los poderes del Estado.