El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, advirtió este viernes que los Juzgados en los departamentos de Olancho y Choluteca han sido identificados como puntos de alto riesgo debido al incremento de demandas laborales que podrían impactar significativamente las finanzas del Estado.

“Hemos identificado dos juzgados con alto riesgo, los de Choluteca y los de Olancho, donde se están gestando demandas laborales que están fuera de control de la Corte Suprema de Justicia”, declaró el funcionario a periodistas que cubren la fuente judicial.

Demandas buscan embargar finanzas del Estado

Aspra explicó que en estos juzgados algunos abogados están presentando demandas laborales con el objetivo de embargar directamente fondos estatales, situación que calificó como preocupante. Señaló además que se han detectado anomalías en el manejo de estos procesos judiciales en materia laboral.

El procurador sostuvo que los magistrados de la Sala de lo Laboral están conscientes del problema y que se tomarán los correctivos necesarios para evitar mayores afectaciones.

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Contingencia fiscal asciende a L3 mil millones

Durante una reunión sostenida con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando; magistrados de la Sala de lo Laboral; el ministro de Finanzas, Emilio Hércules; y miembros del directorio del Banco Central de Honduras (BCH), se abordó el impacto económico de estas demandas.

Según reveló la Secretaría de Finanzas, la contingencia fiscal relacionada con estos casos asciende a tres mil millones de lempiras, recursos que no están presupuestados y que podrían afectar seriamente las finanzas públicas.

#OnceNoticias🟡| En 10 días se han presentado embargos laborales por más de 3 mil millones de lempiras, según finanzas.

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Manual de despidos para reducir demandas

En ese contexto, Aspra reiteró la importancia de la iniciativa del manual de despidos, el cual instruye a los funcionarios públicos a ceñirse estrictamente a las disposiciones del Código Laboral al momento de finalizar una relación laboral.

“Hay muchas demandas que tienen fallas de origen, que no se cumplieron con los procesos para poder despedir a una persona y las expectativas para perderlas son altas”, reconoció.

El funcionario explicó que asesores de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Trabajo trabajan en la elaboración del manual, con el objetivo de aclarar los procedimientos ya establecidos en la ley, garantizar el debido proceso y reducir el riesgo de nuevas demandas contra el Estado.

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