Abogados constitucionalistas cuestionaron la orden de publicación del Decreto 48-2025, mediante el cual se pretendía otorgar facultades a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), al considerar que el entonces presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, habría actuado fuera del marco constitucional.

Los juristas aseguran que la disposición se envió a publicar cuando Redondo ya no ejercía el cargo como titular del Legislativo, lo que, a su criterio, constituye una grave violación a la Constitución de la República y al principio de legalidad que rige los actos del Estado.

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Dudas sobre aprobación y quórum legislativo

Expertos en derecho señalaron que no existe registro de que el decreto haya sido sometido a discusión y votación ante el pleno de los 128 diputados, lo que abre dudas sobre la existencia de quórum y el cumplimiento del procedimiento legislativo correspondiente.

De acuerdo con los abogados, cualquier acto aprobado fuera del período funcional del cargo carece de validez jurídica, por lo que el decreto presentaría vicios tanto en su origen como en su publicación en el diario oficial La Gaceta.

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Señalamientos por posibles causales de juicio político

Los constitucionalistas también advirtieron que la publicación del decreto podría constituir méritos suficientes para un juicio político, ya que para la promulgación de una ley de esta naturaleza se requieren formalidades específicas, como un dictamen previo de la Corte Suprema de Justicia, al implicar modificaciones al Código Procesal Penal.

Además, subrayaron que el proyecto debía ser aprobado por el Congreso y ratificado en otra legislatura, requisitos que —según los expertos— no se cumplieron, lo que refuerza los cuestionamientos legales en torno a la pretendida vigencia de la llamada “Ley de la CICIH”.

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