El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó que se ha ordenado la investigación de los hechos ocurridos durante las protestas frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y la liberación de personas detenidas, siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro.

Las manifestaciones de los colectivos de Libre derivaron en enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional, quienes reprimieron a los participantes, situación que fue condenada por la Presidencia.

«Nosotros hemos hecho en estos cuatro años con responsabilidad, vamos a investigar y no hemos dado ninguna orden [de represión]», indicó Sánchez a los medios de comunicación.

«Sé que están molestos y tienen razón. Estos actos van a ser investigados y por eso estamos acá», añadió.

«Estoy dando la cara como lo he hecho estos cuatro años, estamos a favor del pueblo y respetamos la ley», aseguró el funcionario.

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Comunicado oficial de la Policía Nacional

La Policía Nacional escribió en un comunicado  sobre los hechos ocurridos en las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), en la Colonia San Ángel de Tegucigalpa. Según el documento, se registraron lesionados tanto entre funcionarios policiales como ciudadanos, así como daños en algunos inmuebles.

El comunicado señala que la quema de llantas por parte de los manifestantes puso en riesgo la vida de quienes participaban en la protesta y de clientes de establecimientos cercanos.

Además, se reportaron daños en cableado eléctrico y de comunicaciones debido al calor generado por el fuego, que incluso provocó la caída de algunos cables al suelo.

Para contener los riesgos, la Policía desplazó dos unidades con contenedores de agua, destinadas exclusivamente a apagar el fuego y evitar su propagación, resguardando tanto a los manifestantes como a la infraestructura pública y privada.

 

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Autoridades destacan los derechos humanos y la investigación

La Policía Nacional indicó  que el derecho a la manifestación pacífica es fundamental y que toda actuación policial debe regirse por legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

La institución se comprometió a investigar de manera objetiva e imparcial cualquier señalamiento de abuso de autoridad o uso indebido de la fuerza, aplicando sanciones conforme a la ley si se comprueban responsabilidades.

Asimismo, se anunció que se realizará un análisis técnico y forense de los videos captados por el Sistema Nacional de Emergencias 911, así como de los difundidos en redes sociales y medios de comunicación, para determinar si existieron agresiones injustificadas contra los manifestantes.

El comunicado también aclaró que ningún miembro de la Policía Nacional portó granadas de gas lacrimógeno, como parte de la política institucional vigente, y que se investigará el origen de los dispositivos que habrían generado malestar entre los manifestantes.

Durante los hechos, resultaron lesionados diez funcionarios policiales y cinco ciudadanos, todos atendidos por personal médico de la Dirección de Sanidad Policial.

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