El Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción parcial, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, hasta las 6:00 p.m. del 26 de diciembre de 2025.

La medida, adoptada en Consejo de Ministros, ha recibido duras críticas de distintos sectores de la sociedad, sobre todo en el contexto de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

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Reacciones de la sociedad civil

La periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza señaló que la prolongación de la medida es ilegal y preocupante, ya que se ha utilizado durante casi tres años para limitar protestas y libertad de expresión, en lugar de cumplir con los objetivos declarados de seguridad.

“Han volado a aprobarlo y publicarlo en La Gaceta; eso es sintomático de cosas turbias que nos esperan”, advirtió.

Perspectiva jurídica

El abogado Germán Licona explicó que el estado de excepción restringe garantías constitucionales como libre locomoción, reunión y la inviolabilidad del domicilio.

Además, recordó que estas facultades solo pueden ejercerse cuando el Congreso Nacional ratifique la medida, lo que no ha ocurrido en la mayoría de las prórrogas. Según Licona, aplicar la medida sin la aprobación del Congreso constituye una violación a los derechos humanos.

Advertencias desde la academia y la empresa privada

El rector de la UNAH, Odir Fernández, señaló que limitar derechos fundamentales puede afectar el ejercicio del sufragio en los 226 municipios bajo el decreto PCM 37-2025.

Por su parte, el director del Cohep, Armando Urtecho, instó al Congreso a conocer, modificar o improbar la medida, recordando que no corresponde únicamente al Poder Ejecutivo decidir sobre la extensión.

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Llamado al Congreso

La diputada Maribel Espinoza exhortó a las bancadas a tomar una decisión rápida para improbar la extensión autorizada, siguiendo la advertencia de organismos internacionales sobre la inapropiada duración del estado de excepción.