Detienen a séptimo implicado en delitos de lavado, estafa y apropiación indebida vinculado a COMIXMUL
El Ministerio Público de Honduras, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó la captura de César Obed Rodríguez Orellana, séptimo implicado en un esquema de sustracción de fondos de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).
Esta operación forma parte de una investigación más amplia que involucra a directivos, empleados y bufetes privados en actividades fraudulentas desde 2015.
Fraude millonario mediante falsos contratos
Según las investigaciones, se suscribieron falsos contratos de servicios profesionales por un monto superior a L. 47 millones.
Estos contratos eran fraudulentos y no se ejecutaron conforme a lo pactado, lo que resultó en la sustracción de más de L. 37 millones por parte de los bufetes privados involucrados.
<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Capturado otro implicado en esquema de lavado, estafa y apropiación indebida en perjuicio de COMIXMUL <a href=»https://t.co/0HlyZWiytg»>https://t.co/0HlyZWiytg</a> <a href=»https://t.co/0ubTgSKcF5″>pic.twitter.com/0ubTgSKcF5</a></p>— Ministerio Público (@MP_Honduras) <a href=»https://twitter.com/MP_Honduras/status/1962963817870037259?ref_src=twsrc%5Etfw»>September 2, 2025</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
Aseguramientos y medidas cautelares
Como parte de las acciones legales, se aseguraron tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos vinculados a los implicados.
Además, se han presentado acusaciones por los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada contra una veintena de personas.
Acciones previas y condenas
En marzo de 2017, el Ministerio Público ejecutó capturas contra seis exdirectivos de COMIXMUL, quienes posteriormente fueron condenados por lavado de activos y otros delitos financieros.
En una primera etapa de aseguramientos, se incautaron 51 bienes inmuebles, muebles y cuatro sociedades mercantiles distribuidas en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle.
Esta operación refleja el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, buscando garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas.
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