El retorno de miles de hondureños desde Estados Unidos, tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), podría intensificar la crisis de desempleo en Honduras, según alertas emitidas por representantes de la empresa privada.

A partir del 8 de septiembre de 2025, más de 50,000 hondureños perderán su estatus migratorio legal, quedando expuestos a la deportación y obligados a regresar a un país que enfrenta serias dificultades económicas.

Empresarios piden plan nacional ante posible retorno masivo

Voceros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su preocupación por la falta de un plan nacional para absorber a los retornados. “El problema es cómo vamos a integrar esta cantidad de personas en un momento en que el país enfrenta altos niveles de pobreza y desempleo”, señala, Rolando Alvarenga, expresidente de Fedecámara.

La organización propone establecer una mesa de diálogo entre el gobierno, el sector privado y otros actores sociales para diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo que incluyan mejoras en educación, salud e infraestructura.

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Economistas advierten sobre impacto social, pero no inmediato en remesas

Economistas hondureños coinciden en que el retorno masivo representa un desafío social, aunque no prevén una caída inmediata en las remesas.

Según el economista Sergio Zepeda, la mayoría de los migrantes que envían dinero a Honduras lo hacen desde una condición irregular, por lo que la cancelación del TPS no afectaría de forma directa el flujo de remesas en el corto plazo.

En 2024, Honduras recibió más de 9,700 millones de dólares en remesas, y se estima que en 2025 esa cifra podría superar los 10,000 millones, representando cerca del 26% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Sin embargo, Zepeda advierte que una reducción sostenida en estos ingresos podría presionar aún más la economía hondureña, que ya enfrenta desafíos estructurales como la migración forzada, la inseguridad y el desempleo.

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Llamado a la acción ante un escenario inevitable

La cancelación del TPS fue ratificada por la Corte del Noveno Circuito de Estados Unidos, y aunque algunos sectores han solicitado su revisión, expertos legales aseguran que la decisión es definitiva y que los afectados deben buscar alternativas migratorias individuales para evitar la deportación.

Ante este escenario, el sector privado insiste en la necesidad de una respuesta articulada. “Honduras necesita un plan de país. No podemos enfrentar esta situación sin una estrategia clara que permita generar empleo y fortalecer los servicios básicos”, concluye Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

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Empresarios de la zona norte impulsarán programas de empleos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Kubaín, anunció que se están activando mecanismos para generar empleo y brindar apoyo integral a los compatriotas afectados.

Kubaín destacó que muchos de ellos han vivido por años en el extranjero y han construido una vida laboral estable, por lo que el país debe estar preparado para recibirlos con dignidad. En ese sentido, la Cámara ha impulsado ferias de empleo y programas de capacitación para facilitar su reinserción en la vida productiva nacional.

A esta iniciativa se han sumado representantes del sector construcción, quienes ven en el retorno de migrantes una oportunidad para recuperar mano de obra calificada. Señalan que, ante la cancelación del TPS, es urgente ampliar espacios laborales y fortalecer la oferta de empleo.

Analistas coinciden en que la empresa privada tiene un rol clave en esta tarea, y valoran positivamente su disposición de colaborar con el gobierno. La generación de empleo, productos y servicios es vista como el motor que puede dinamizar la economía hondureña en medio de este desafío migratorio.

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