El hallazgo de dos menores de edad sin vida ha generado conmoción en San Pedro Sula, donde la violencia ligada a estructuras criminales continúa cobrando víctimas, incluso las más jóvenes. Las víctimas eran estudiantes del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas (INTAE), quienes salieron de sus casas con la intención de cumplir con una tarea escolar, pero terminaron asesinados.

El caso ha causado profunda consternación entre la comunidad educativa. Los adolescentes, junto a un tercer compañero que logró sobrevivir aunque con heridas graves, habrían acordado reunirse para trabajar en equipo cuando fueron interceptados por sujetos armados.

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Las primeras indagaciones apuntan a que los jóvenes fueron llevados en contra de su voluntad desde la colonia La Pradera hasta Reparto Lempira, zonas reconocidas por la presencia de estructuras criminales. Fue en este último sector donde las autoridades encontraron los cuerpos, en un basurero que presuntamente usaron los agresores para ejecutar y abandonar a los estudiantes.

En el sitio del crimen, la Policía Nacional contabilizó al menos 20 casquillos de armas automáticas, lo que evidenció la violencia con la que actuaron los responsables. Según los investigadores, el patrón del ataque coincide con el accionar de la estructura criminal conocida como Pandilla 18.

Fue hasta ese momento que surgió la hipótesis más fuerte: los jóvenes podrían haber sido confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), grupo contrario de la Pandilla 18. Se maneja que los estudiantes fueron considerados «espías» por estar en territorio ajeno, lo que desató la represalia; aunque no se descarta otras líneas investigativas al respecto.

Los fallecidos fueron identificados como Brayan Josué Núñez y Luis Eduardo Cardona, ambos de 17 años. Mientras tanto, el tercer joven permanece hospitalizado bajo custodia policial, como testigo clave en las investigaciones.

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Este crimen ha reavivado el debate sobre los “límites invisibles” que imponen las pandillas en muchas colonias del país, donde basta con cruzar de un barrio a otro para correr peligro de muerte. Familiares, docentes y organizaciones sociales exigen justicia, al tiempo que urgen al Estado a garantizar entornos seguros para la juventud hondureña.