Un reciente informe independiente apunta a que la cooperación migratoria fue determinante para que El Salvador obtuviera una extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que le fue retirado a Honduras de manera reciente.

El análisis, titulado “TPS Honduras: El Costo Humano de una Decisión Política”, elaborado por la firma NODO y firmado por su director, Héctor Corrales, revela que la Casa Blanca optó por un enfoque político al tomar decisiones sobre la continuidad del TPS.

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Según el documento, el gobierno de Estados Unidos desoyó recomendaciones de sus propias embajadas en Tegucigalpa, San Salvador y Puerto Príncipe.

Tales comunicaciones diplomáticas advertían que finalizar el TPS para países como Honduras o Haití tendría consecuencias directas sobre la estabilidad regional, al afectar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y fortalecer estructuras criminales que impulsan la migración irregular.

En contraste, El Salvador, que ha experimentado mejoras en seguridad e infraestructura, no solo conservó el TPS, sino que obtuvo una extensión formal. La medida ha sido interpretada como un reconocimiento a su colaboración activa con Washington en materia migratoria. No obstante, otros mantienen que fueron días antes que concluyera el mandato de Joe Biden, que ya habían anunciado la extensión del TPS para El Salvador, pero será hasta la próxima fecha límite que se conocerá posible incidencia en materia política entre esos dos países.

Mientras tanto, Honduras y Haití fueron excluidos del beneficio. El caso de Haití resulta aún más llamativo, ya que se trata de un Estado con severa crisis institucional, lo que, según el informe, agrava el impacto humanitario de la cancelación.

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La decisión de excluir a Honduras del TPS fue confirmada este lunes 7 de julio, lo que ha generado inquietud entre miles de hondureños que residen en Estados Unidos bajo ese estatus.